En Túnez se fue el dictador, pero no la dictadura

La Revolución del Jazmín en Túnez ha pasado de la calle a las asambleas y reuniones que protagoniza la nueva clase política emergente. Los promotores del derrumbe de Zine Ben Ali y su familia, no están dispuestos a que sus acólitos le confisquen la revolución. En el aparato estatal, particularmente en el todopoderoso ministerio del Interior se esconden centenares de sirvientes del ex-dictador que están esperando la hora de la contrarrevolución.


La Revolución del Jazmín o las revueltas en las calles de Túnez contra el presidente Ben Ali han dado el salto a las asambleas. Mientras, el aparato estatal espera la hora de la contrarrevolución.

Muchos indicios dejan entender que la reacción de la vieja guardia no se hará esperar. Unos estrictamente políticos, y otros sangrientos como lo ocurrido en la ciudad de El Kef. Entre los primeros hay que citar lo acaecido con la gira del nuevo ministro de Exteriores Ahmed Ounaies, por Europa, donde ha querido presentar “la nueva imagen de Túnez”.

Pero el nuevo jefe de la diplomacia, que ya ocupó puestos elevados en el ministerio en la época de Ben Ali, tuvo un lapsus revelador en una conferencia de prensa dada en Bruselas en presencia de la jefa de la diplomacia europea Catherine Aston. Ounaies calificó la dictadura de 23 años de Zine Ben Ali como “un simple paréntesis despótico”, y para colmo, quizás para eliminar la desconfianza de los europeos aclaró que “los últimos acontecimientos que han precipitado la salida de Ben Ali en Túnez han concluido un ciclo que no tiene nada que ver con una revolución”.

El Comité por al respeto a los derechos humanos y las libertades en Túnez (CRLDHT), una organización muy respetada y activa en los años de la dictadura, ha salido inmediatamente al paso de las declaraciones del ministro que “corrompen la realidad del proceso liberador en curso” en el país.

Ocultos en la sombra
Los antiguos opositores a Ben Ali, y hoy actores del cambio, creen que en el seno del actual gobierno de transición que preside Mohamed Ghanuchi – el mismo primer ministro de la última década de Ben Ali – se ocultan “las cabezas pensantes” de la dictadura. Entre ellos, Hedi Baccouche, que fue primer ministro de Burguiba cuando Ben Ali dio el golpe de Estado en 1987. Baccouche “cerebro” del putch hoy sigue en los pasillos de la primatura. Para hacer callar a los que le denuncian en la prensa escrita y digital en Túnez, ha aparecido milagrosamente un grupo llamado “Colectivo Viva Túnez libre y próspero”, que trata de lavar la imagen del veterano benalista. Caso parecido con Habib Ammar, compañero de promoción de Ben Ali y que comandó la Guardia Nacional en el momento del golpe. Hoy pretende volver a la política amparado en la ambigüedad de la transición.

En cuanto a los ecos sangrientos de la reacción de los pro-Ben Ali se han visto el motín de El Kef, una ciudad del suroeste de Túnez, fronteriza con Argelia. “Todo había comenzado pacíficamente”, cuenta la web de Tunisnews. “Centenares de habitantes reclamaban el cese del comisario Jaled Ghazuani por abuso de poder”. Había adquirido notoriedad por la práctica sistemática de la tortura en los calabozos de las comisarias bajo sus órdenes. “Todo se alteró cuando el comisario abofeteó a una mujer. La gente comenzó entonces a insultarle y el jefe de policía sacó su arma y disparó contra un joven de 17 años, Ahmed Khammassi, que hacía fotos con su teléfono móvil, matándole en el acto. Mi hermano Fathi – cuenta Jalal Laalai – quiso ayudar al joven y cuando se dio cuenta de que estaba muerto, se lanzó contra el comisario. Este empuñó de nuevo su arma y le disparó a bocajarro, asesinándole igualmente”.

Este relato escalofriante muestra la tensión que sacude la sociedad. Mientras que en la capital el Gobierno anunció ayer la “suspensión” en espera de su futura disolución del antiguo partido de Ben Ali, el RCD (Reagrupación Constitucional Democrática), la gente de El Kef acusa al partido-Estado de su desgracia. “Aunque se le disuelva, sus acólitos, sus milicias siguen ahí”, afirma Jalal.

Una delegación del Parlamento europeo que ha visitado Túnez este fin de semana lo ha constatado. El jefe de la delegación, el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, ha insistido en que Europa tiene que ayudar a la “reconstrucción del Estado y a instaurar una justicia independiente” en Túnez.

Desconfianza islamista
Una reconstrucción que está lejos de ser clara para los propios tunecinos. Por ejemplo el nombramiento de 24 nuevos gobernadores que vienen a ser virreyes en sus provincias. En muchas de ellas ya hay manifestaciones populares pidiendo su destitución. Se les acusa de ser miembros del ahora suspendido RCD. El nuevo gobernador de Gafsa, localidad minera que protagonizó grandes huelgas hace varios años aplastadas por las tropas especiales de Ben Ali, tuvo que abandonar sus oficinas bajo escolta militar.

Entre los desconfiados sobre las intenciones del nuevo gobierno, está el movimiento islamista Ennahda, cuyo líder Rachid Ghanuchi regresó del exilio en Londres hace unos días. Ennahda ya ha presentado la solicitud al ministerio del Interior para transformarse en partido político. Aunque se muestra prudente como lo prueba sus encuentros con el actual primer Ministro, mantiene sus distancias. Considera al nuevo Ejecutivo de transición como “una prolongación del anterior”. Y denuncia, como las otras formaciones políticas que han luchado contra la dictadura y hoy legalizadas (el Comité por la República, el Partido comunista de los obreros, el Partido del renacimiento y el Partido democrático progresista), que se trata de “una nueva imagen del antiguo régimen”.

De cualquier manera la situación está lejos de calmarse, y los temores a un complot benalista crecen. El Ejército ha llamado a los reservistas este lunes.

El ministerio de Defensa ha solicitado a los suboficiales y militares de todos los cuerpos que se han jubilado en los últimos cinco años y a los soldados conscriptos en los dos últimos, para dirigirse a los cuarteles y volver a filas.

Temor a reacciones virulentas de las milicias benalistas, que se justifica tras la lista de torturadores hecha pública por el Comité de respeto a las libertades y derechos humanos. Se trata de 133 individuos que han sido mutados a otros puestos, pero que siguen en el aparato del ministerio del Interior, en la Dirección de la seguridad, en la Policía, el la Guardia nacional y en la Administración de prisiones. Denuncia completada por una lista con sus respectivos currículos publicada por el periodista Slim Bagga, que retrata a 14 altos responsables del ministerio, la mayor parte con crímenes de sangre en su haber.