Sábado 12 de febrero de 2011
El escándalo de los ERES irregulares que el gobierno autonómico andaluz había aprobado, hasta que se conoció la denuncia de un antiguo funcionario, no tiene parangón. Los hechos que se van conociendo son a cual más grave: personas vinculadas al PSOE que jamás han trabajado en las empresas implicadas y que, no obstante, cobran una jugosa pensión de éstas últimas como si hubieran cotizado en ellas durante décadas, los 700 millones de euros que la Junta se habría gastado en semejantes prebendas, el echar la vista hacia otro lado del entonces presidente Manuel Chaves -y del actual, José Antonio Griñán- o las permanentes zancadillas de la Fiscalía General del Estado para echar tierra sobre el asunto, cual “Faisán” cualquiera.
De confirmarse las jubilaciones irregulares -y todo apunta a que efectivamente así será-, el PSOE estará en un grave aprieto. Pocos casos de corrupción puede haber tan execrables en la actual coyuntura económica de España como el que, mientras casi cinco millones de personas no tienen trabajo, un puñado de amiguetes de los socialistas andaluces saltaban la banca de las pensiones sin haber dado un palo al agua. Al mismo tiempo, llama poderosamente la atención en escaso interés que un asunto de este calado ha suscitado en los medios afines al Gobierno. Las corruptelas son exactamente igual de reprobables, provengan de donde provengan. Y así se han de denunciar.
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