Jueves 03 de marzo de 2011
El asesinato en Pakistán del ministro de Minorías, Shahbaz Bhatti, era algo que se veía venir. Desgraciadamente, los talibanes han cumplido su amenaza, al igual que ya hicieran con Salman Tasser, gobernador del Punjab abatido hace pocas fechas. Detrás de todo ello subyace la ley de la blasfemia, a través de la cual todo aquel que no se dirija a Alá con el debido respeto podrá ser sentenciado a muerte. Es el caso de Aisa Bibi, la mujer condenada a morir por esa misma causa. Que en pleno siglo XXI sigan existiendo semejantes aberraciones con pátina de legalidad es algo difícil de comprender.
Conviene decir que la ley de la blasfemia, lejos de aplicarse strictu sensu, suele servir más bien para ajustar cuentas entre vecinos o dirimir viejas rencillas al más puro estilo de la Inquisición: una delación anónima basta para que el sospechoso de con sus huesos en la cárcel. Es verdad que muchos musulmanes no están de acuerdo con este anacronismo, pero no es menos cierto que el número de los que se muestran decididos a cambiar la situación es muy bajo. Ello es así porque no existe todavía en el Islam una conciencia colectiva de adaptación a los tiempos de determinados usos y costumbres, más medievales que otra cosa -la Sharia en su conjunto-.
Entre ellos el presidente Alí Zardari, ofuscado entre su propia incapacidad y el temor reverencial que le inspiran los talibanes, por un lado, y el ISI -servicios secretos paquistaníes- por otro. Si se decidiera a abordar, de una vez por todas, este problema, contaría con las simpatías de Occidente y de un importante sector del mundo islámico, deseoso de liberarse del estigma de una imagen indefectiblemente ligada a la violencia. Y, de paso, haría un tremendo servicio a su pueblo.
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