Después de 15 años, el "caso Funeraria" queda visto para sentencia

Los ex concejales del PP, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, han proclamado hoy su honradez en la Audiencia Provincial, donde ha quedado visto para sentencia el juicio sobre las supuestas irregularidades en la privatización parcial de la funeraria municipal.

En este caso también están imputados José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña, la empresa que compró en 1992 el 49 por ciento de la funeraria municipal, así como su ex presidente José Ignacio Rodrigo.

Por la lentitud del procedimiento, el Ministerio Público pidió también que se aplique a los nueve procesados el atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, que se remonta a hace ya 15 años.

En el turno de última palabra, y tras seis meses de sesiones, Huete ha proclamado su "honradez" personal y profesional en su casi 80 años de vida y 50 como profesional en distintos cargos públicos y privados, entre ellos como concejal y senador del PP.

También Viñals ha reivindicado su inocencia al afirmar que no ha tenido jamás constancia de cometer delito alguno, y que nunca se había enriquecido a costa de los cargos desempeñados, mientras que Moreno ha afirmado que cree en la Justicia y en su inocencia y que hoy haría lo mismo.

En sus conclusiones últimas tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la acusación particular ejercida por IU y el PSOE, han pedido para los tres ex concejales penas que rondan entre los tres y cuatro años y medio por, entre otros, prevaricación y malversación de caudales públicos, además de inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, entre otros.

Para los hermanos Valdivia y Rodrigo, la Fiscalía ha solicitado penas que ascienden a unos 14 años por varios por delitos fiscales, malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. En el caso de Rodrigo, a esos 14 años hay que sumar otros tres más por delito de falsedad.

En declaraciones a los medios, el abogado del PSOE, José Mariano Benítez de Lugo, ha defendido que los políticos son los grandes responsables porque el oficio de todo empresario es ganar dinero y el problema es que los políticos "les dejaran ganar ese dinero a espaldas de los intereses de los ciudadanos". En su opinión a lo largo del juicio ha quedado acreditado que hubo hundimiento premeditado de la empresa funeraria municipal para poder venderla luego a precio de saldo, porque Funespaña pagó solo 100 pesetas por el 49 por ciento, aunque luego hubo una ampliación de capital de 200 millones.

Juan Francisco Pla, abogado de IU, ha coincidido con Benítez de Lugo, sobre el hecho de que en este caso lo importante no es el montante de la pena, sino que se restablezca la verdad y que se restituya el dinero al Ayuntamiento, que cifró en algo más de 7.000 millones de pesetas. También ha apuntado Pla que si hay condena habrá recurso de casación, lo que supondrá esperar varios años, y indicó que Funespaña tiene bienes suficientes para responder sobradamente.

Funespaña es hoy el primer grupo español de servicios funerarios y está implantada en 38 municipios españoles, en Buenos Aires y Rosario (Argentina) y en la capital de Hungría (Budapest), de acuerdo con la información que la propia empresa facilita en su página web.