El circo judicial del caso Mari Luz Cortés

La condena de 22 años de cárcel al pederasta Santiago del Valle, por el asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés, y de otros 19 a su hermana Rosa, por complicidad en el mismo hecho, no reparará el enorme daño que hicieron. Fundamentalmente, a la familia Cortés, ya que nada les devolverá la vida de su hija. Pero también a la justicia española, responsable en última instancia de que un sujeto de acreditada peligrosidad social como Santiago del Valle estuviese en libertad, en lugar de permanecer custodiado en prisión por causas anteriores. Fallaron todos los procedimientos y, por ello, se produjo la desgraciada muerte de Mari Luz. Y eso es algo que no debería volver a repetirse.

Como tampoco el tremendo esperpento montado en torno a la mujer del principal acusado, Isabel García, cuyas actuaciones tanto en sede judicial como ante las cámaras de televisión le han supuesto la deducción de testimonio por la posible comisión del delito de falso testimonio. Lo cual, por otra parte, es también una llamada de atención a la diferencia que hay entre apuntarse un tanto periodístico -caso, por ejemplo, del excelente trabajo de Ana Pastor entrevistando en Televisión Española al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad- y determinadas prácticas muy poco ortodoxas, como la forma en que se abordó la comparecencia pública de Isabel García. Todo lo relativo a la administración de justicia requiere un trato discreto, a la par de respetuoso, y más en un caso de estas características. Ojalá ninguna de las circunstancias que han rodeado a este caso, tanto judiciales como mediáticas, vuelvan a producirse.