¿Terminará Chaves ante el juez?

La situación política de Manuel Chaves como vicepresidente tercero del Gobierno se complica cada vez más. Las polémicas de los ERE y los negocios que empresas relacionadas con su hijo Iván llevaron a cabo con la Junta de Andalucía han hecho que el PP haya tomado este miércoles una importante decisión: presentar en el Congreso una proposición no de ley pidiendo su reprobación. Pero, según fuentes populares consultadas por “El Imparcial”, todavía se puede ir más lejos con una denuncia ante los tribunales por presuntos delitos de prevaricación, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.


Manuel Chaves comienza a vivir una situación insostenible. Las investigaciones periodísticas que han puesto sobre la mesa recientes escándalos vividos durante su etapa al frente de la Junta de Andalucía, como los Expedientes de Regulación de Empleo falsos o las relaciones de dos de sus hijos, Iván y Paula, con empresas que obtuvieron contratos de la Administración autonómica le han puesto definitivamente en el disparadero. El Partido Popular ha presentado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide la reprobación del vicepresidente tercero del Gobierno. Los populares justifican esta medida “por su implicación directa o indirecta” en múltiples escándalos referidos a su gestión al frente de la Junta de Andalucía y por su trabajo, “meramente testimonial”, como miembro del Gobierno.

El PP considera que el ex responsable del Ejecutivo andaluz ha sido incapaz de dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción ocurridos durante su mandato. Hasta ahora, Chaves se ha defendido con el argumento de que las acusaciones de las que es objeto son meras informaciones periodísticas y que la Justicia no ha intervenido sobre las actividades de sus hijos, aunque sí lo esté haciendo en el caso de los ERE irregulares.

Pero hasta esto puede cambiar. Fuentes del PP consultadas por “El Imparcial” señalan que sus servicios jurídicos están estudiando toda la documentación que el partido tiene en su poder para, en su momento oportuno, acudir a los tribunales. En este sentido destacan que, en principio, el vicepresidente del Gobierno podría ser responsable de la comisión de tres presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Si la denuncia se presenta y es admitida a trámite por los tribunales, Zapatero se encontraría con otro escenario que dificultaría sus intereses y los de su partido a nivel de gestión de Gobierno y de los escenarios electorales. Tener a un vicepresidente del Ejecutivo inmerso en una investigación judicial provocaría una “importante distorsión” en la actividad gubernamental y electoral.

Mientras, Manuel Chaves ha usado esta mañana un tono victimista y en la sesión de control en el Congreso al Ejecutivo ha acusado al PP de querer “condenar a la muerte civil a mi familia”. El vicepresidente y ministro de Política Territorial ha calificado de “basura impropia de una democracia que provoca vergüenza ajena y nauseas” las denuncias políticas populares.

En Cataluña, el Parlamento autonómico rechazaba también este miércoles una proposición de ley a favor de la independencia. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PSC, el PP y Ciutadans a la iniciativa de la coalición promovida por ex presidente del Barcelona Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Independència, han frustrado la declaración del Parlamento catalán en una votación en la que CiU se ha abstenido y en la que estuvo presente el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Expertos políticos consultados por este diario advierten de que la decisión de CiU es una señal de advertencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si el domingo pasado Mas daba su voto positivo a la independencia de Cataluña en el referéndum popular celebrado en Barcelona y que tuvo una “impresionante” participación del 10 por ciento de los ciudadanos, ahora el presidente catalán, según las fuentes consultadas, espera aprovechar la extrema debilidad política de Zapatero para sacar la “mayor tajada” en el cumplimiento del Estatut y nuevas aportaciones a del Estado a la Comunidad Autónoma catalana. Como dicen las fuentes consultadas, “ya todos saben que Zapatero paga bien los apoyos”.