Berlusconi y el equilibrio de poder

En una tensa sesión, la Cámara de los Diputados italiana aprobó la llamada Prescripción breve. El proyecto de reforma de la Justicia incluye el polémico artículo 3 que permite reducir los tiempos de prescripción de los juicios a aquellas personas que no hayan sido condenadas nunca. De este modo, se cancelaría de facto el proceso Mills en que resulta implicado el primer ministro Silvio Berlusconi, razón por la cual la oposición y el Consejo Superior de la Magistratura definen la ley como una “amnistía disfrazada”.

Sin entrar en el mérito de la cuestionable ley, resulta paradójico e inquietante que la aprobación de esta norma haya tenido paralizado al Parlamento italiano durante semanas. La situación resulta aún más anómala si se considera que se ha detenido no sólo la actividad del poder legislativo sino también del ejecutivo, ya que durante varios días, el Gobierno en pleno ha tenido que asistir a la discusión –y votación- dentro del hemiciclo parlamentario. Y esto para aprobar una ley que, según su promotor, el Ministro de Justicia, afectaría solo al 0,2% de los juicios que esperan sentencia.

Una vez más la acción del Gobierno carece de la necesaria transparencia, invitando a facciosas especulaciones políticas. Mientras el país aspira a un gobierno fuerte y efectivo, que actúe de forma decidida y emprenda las reformas ineludibles, el Presidente se preocupa por aplicar con urgencia una ley que no aparece en su programa político, ni tendrá trascendentales repercusiones en la vida de los ciudadanos. Aún desafiando la impopularidad (la ley dejaría sin juicio imputados de alguna tragedia tan emotiva como el tren de Viareggio o a los especuladores del terremoto de l’Aquila), la aprobación de esta ley, fuertemente auspiciada por el Gobierno, sirve al Ejecutivo para desafiar y establecer su supremacía sobre el poder judicial y el legislativo. El Gobierno Berlusconi desea provocar un desequilibrio de poder a su favor, abogando por la existencia de una jerarquía, en contra de la independencia de cada figura institucional. Por un lado, se trataba de subordinar la Magistratura a la propia voluntad, demostrando la capacidad de modificar las normas para erigir un Gobierno legibus solutus. Por otro, el Gobierno ha puesto al Parlamento, cuya actividad resultó bloqueada, a su servicio y al socorro de una única persona para poder cumplir su plan en este perverso juego de poderes.

Finalmente, Berlusconi ha politizado el conflicto contra la Magistratura y la oposición, consiguiendo ganar la guerra parlamentaria. Sin embargo, el resultado acarrea una secuela de perplejidades, venenos e incertidumbres. El cavaliere no puede seguir anhelando sobrevivir por encima de la ley, contraponiendo su propia legitimidad institucional a la de las instituciones, cuestionando constantemente el Estado de derecho. La estrategia del “conflicto permanente”, la idea del “liberalismo para una sola persona” premian su astucia y la protección de sus intereses particulares, pero alejan una vez más al Gobierno de los reales intereses del país (economía, crecimiento, lucha contra la criminalidad, etc.). El anuncio de que no volverá a presentarse a las elecciones de 2013, proponiendo como su sucesor al actual ministro de Justicia, Angelino Alfano, puede representar una buena señal, aunque es probable que la nefasta parálisis gubernamental de los últimos meses pase factura al país. En todo caso, Italia exige más que una división temporal del poder, como en las alternancias del siglo XIX; simplemente, se requiere lo que es de recibo en la Unión Europea: una división actual y efectiva del poder. Con o sin el señor Berlusconi.