El Gobierno aprueba la Ley de Extranjería y Valencia pide 15 millones para cumplirla

El reglamento de la nueva Ley de Extranjería, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, amplía la protección de las mujeres inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien, estimula el retorno voluntario a los países de origen y es más exigente contra el fraude en la contratación. Sin embargo, la Comunidad Valenciana ya ha pedido 15 millones de euros para poder cumplir con la nueva legislación, el triple de lo que destina actualmente la Generalitat a cuestiones relacionadas con la inmigración.

El reglamento de la nueva Ley de Extranjería (2009) amplía la protección de las mujeres inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien, estimula el retorno voluntario a los países de origen y es más exigente contra el fraude en la contratación.

Lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que el reglamento se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo y que ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos y empresarios y ONG.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha recordado que la norma incorpora algunas cuestiones relativas a la trata de personas, que tienen que ver muchas veces con la inmigración irregular y la violencia de género. Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, ha señalado que si denuncian no significa que se las expulse, sino que "se para" el expediente, según la norma aprobada, aunque ha matizado que esto ya se viene haciendo en la práctica.

"Algo que venimos practicando ya -ha subrayado-, que las mujeres que sufren violencia de genero y están irregularmente en España no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión".

Aparte, Pérez Rubalcaba ha explicado que el reglamento "alienta" el retorno voluntario, en el sentido de que quien desee volver a su país por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le contabilice a todos los efectos" si regresa y "la economía, como parece, empieza a repuntar y se necesita mano de obra".

"No es justo -ha argumentado- que esa gente que ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez". El vicepresidente primero ha comentado que este asunto le ha llamado siempre ha atención y que ha conseguido que el reglamento lo recoja ("lo digo a titulo personal, pero tiene sentido general", ha precisado).

La referencia del Consejo señala que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías" para las personas que se acojan a los programas de movilidad y retorno voluntario. Además, ha agregado Pérez Rubalcaba, se pretende ser "más riguroso" con el incumplimiento de la contratación para evitar el fraude de que un empresario traiga a un inmigrante para trabajar tres años y lo despida al siguiente. El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.

Pérez Rubalcaba ha inscrito la norma en la política general del Gobierno sobre inmigración: relación directa con el empleo; lucha contra la de tipo irregular y "procurar la integración" de los que vienen a España con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución. La referencia del Consejo añade que el texto normativo facilita también la colaboración entre administraciones y fortalece la cohesión social ante los "retos del nuevo ciclo migratorio".

NIVELES "RIDÍCULOS"

La Comunidad Valenciana exige 15 millones al Gobierno central para cumplir con la nueva legislación de extranjería. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha exigido al Gobierno central 15 millones de euros para que esta comunidad pueda cumplir las nuevas competencias atribuidas por la nueva Ley de Extranjería y su Reglamento, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

Según Blasco, estos 15 millones representan el triple de lo que destina actualmente la Generalitat a cuestiones relacionadas con la inmigración. Asimismo, ha advertido de que la Generalitat deberá duplicar los 227 profesionales que en la actualidad trabajan en temas de inmigración y extranjería y que prestan los servicios de atención al público para poder asumir las nuevas competencias delegadas por el Gobierno de España.

En su opinión, "puesto que estas funciones han sido atribuidas por el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas, debería constituirse un fondo específico para la dotación de medios personales y materiales para el desarrollo de las mismas".

"La Generalitat Valenciana trasladó al Gobierno una serie de alegaciones para pedir la financiación necesaria y la aclaración de preceptos que no quedan claros en la legislación, pero no hemos recibido respuesta y no sabemos si alguna de ellas ha sido asumida porque el Ministerio de Trabajo e Inmigración no nos ha hecho llegar el Reglamento definitivo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros", ha lamentado.


El conseller ha recordado que el actual Fondo de Acogida e Integración que se distribuye entre las comunidades autónomas para la asistencia a los inmigrantes se ha quedado este año en niveles "ridículos" tras un nuevo recorte del 40 por ciento que se suma al del 65 por ciento del pasado año. Para toda España, la cuantía del Fondo ha pasado de 200 millones de euros en 2009 a 66,6 este año.

Al respecto, ha afirmado que, aún así, la Comunitat Valenciana "ha sido la primera en España en desarrollar una verdadera política de integración a través de una Ley específica que, entre otros fines, concede al inmigrantes medios e instrumentos para integrarse en la sociedad valenciana".

En la Comunitat Valenciana residen, en la actualidad, un total de 877.678 inmigrantes y extranjeros, lo que representa el 17 por ciento de su población, la segunda de España en términos porcentuales.