Hasta ochenta organizaciones sociales rechazan el contenido de la nueva Ley

A pesar de que Pérez Rubalcaba ha asegurado que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos y empresarios y ONG, ochenta organizaciones sociales han rechazado su contenido en un comunicado.

Ochenta organizaciones sociales han mostrado hoy su "frontal rechazo" al Reglamento de la Ley de Extranjería, coincidiendo con su debate y previsible aprobación en el Consejo de Ministros, y han pedido la regularización "inmediata" de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

Dicha regularización, que podría afectar a entre setecientas y ochocientas mil personas, si bien la cifra exacta "nadie la conoce", apuntaron en conferencia de prensa representantes de algunas de las organizaciones que promueven esta iniciativa, debería realizarse "vía arraigo o vía humanitaria".

Además de pedir el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), "por lo intolerable de su existencia", las ochenta organizaciones sociales reclaman al Gobierno que "no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares".

SOS Racismo, Ecologistas en Acción, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Economistas sin Fronteras o el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU) están entre las ochenta firmantes de un comunicado que tiene al Gobierno como principal destinatario.

Un comunicado en el que se destaca la necesidad de prohibir "expresamente a los agentes de policía que lleven a cabo redadas y controles de identidad en vías y lugares públicos basándose en los rasgos étnicos", algo que, denuncian, "está a la orden del día", y que supone una práctica "racista e ilegal".

El Reglamento que desarrolla la nueva Ley de Extranjería es, a su juicio, una "nueva oportunidad perdida para avanzar en la protección de los derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes", y no garantiza "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad".

Las 80 organizaciones sociales reprochan al Ejecutivo socialista que no les haya "escuchado" antes de redactar el Reglamento, y lo que es peor, que no lo haya negociado, y le critican por aprobar un texto que "no garantiza los derechos democráticos" de los inmigrantes. "Se nos trata como a mercancías, y somos personas", denunció Víctor Sáez, de la FERINE, quien reprochó al Gobierno que "fuera, en el extranjero, se presente como el adalid de los derechos humanos, y aquí, dentro, no los respete. El Reglamento -insistió- nace fallido".

Nacho Murgui, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, denunció el "secretismo" con el que se ha elaborado el Reglamento, su carácter "restrictivo" en cuanto a derechos y la "inseguridad" que supone para una parte "importante" de la población española, un doce por ciento, aproximadamente.

Para SOS Racismo se trata de un Reglamento "que no da respuesta a los problemas", es más "los crea", un texto "ambiguo" que "penaliza" a la población más vulnerable y que "sólo piensa" en los inmigrantes altamente cualificados, a quienes se lo pone fácil".

Clara Redal, del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, dijo que se va a aprobar un Reglamento con el que se corre el peligro de "provocar discursos populistas y racistas".

"La propuesta de reglamento -denuncian las organizaciones- no desarrolla los derechos reconocidos en la ley y sin embargo complejiza los trámites, y aumenta la discrecionalidad de las administraciones públicas, al aplicar conceptos jurídicos indeterminados". Otra de sus exigencias al Gobierno es que para la regularización vía arraigo o para las renovaciones "no sea condición indispensable" un contrato laboral, en estos momentos de un año de duración. Un requisito "imposible o muy difícil de cumplir" en tiempos de crisis como los actuales