crónica política
Viernes 15 de abril de 2011
El viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a China se ha convertido en la más kafkiana de las visitas oficiales, escasas, que el presidente del Gobierno ha realizado fuera de nuestras fronteras y de la Unión Europea. Aunque el gigante asiático es uno de sus últimos destinos favoritos, el anuncio gubernamental de que uno de los mayores de los fondos de inversión de ese país, China Investment Corporation, iba a entrar en las cajas de ahorro españolas con 9.000 millones de euros, y el posterior desmentido de la entidad han dejado al descubierto que los anhelos del jefe del Ejecutivo no se corresponden con la realidad. Zapatero, este viernes, se ha limitado a explicar que “China siempre cumple”.
Uno de los principales objetivos del presidente del Gobierno en política exterior en los últimos meses, aparte de la Unión Europea, es China. No en vano, el país asiático es uno de los mayores compradores de la deuda pública emitida por España y un gran mercado para las inversiones de grandes y medianas empresas nacionales. Por este motivo, Zapatero ha desarrollado una intensa actividad diplomática dirigida hacia esa nación, con dos viajes oficiales en escasos meses de diferencia, aunque este último se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza.
En su afán por conseguir fondos para sanear la maltrecha situación de las cajas de ahorro españolas, el jefe del Ejecutivo “se lanzó a la piscina” el pasado miércoles al anunciar a bombo y platillo la inversión en estas entidades de 9.000 millones de euros para sanear sus cuentas por parte de uno de los grandes fondos del gigante asiático, “China Investment Corporation”. Sin embargo, el pasado jueves esta sociedad desmentía rotundamente este acuerdo. Zapatero ha hecho este viernes un juego de palabras y ha destacado que el Gobierno chino “siempre cumple” y que al final invertirá en las cajas de ahorro españolas.
Malas interpretaciones, errores en la comunicación… Las explicaciones dadas por fuentes gubernamentales sobre el desmentido del fondo de inversión chino no han podido aclarar el fondo de la cuestión: si Zapatero se precipitó en el anuncio, como ha dicho Mariano Rajoy, o es que si sus deseos para conseguir dinero para el sistema financiero español le hicieron confundir la realidad de un país donde no se da un paso sin la autorización final del Ejecutivo de Pekín. El jefe del Ejecutivo se ha limitado a explicar que “lo que cuentan son los hechos, no las palabras”.
En el plano político, el presidente del Gobierno ha pronunciado este viernes un discurso laxo en la inauguración del Foro Económico de Bao, el símil asiático al europeo de Davos. En un intento para no herir la susceptibilidad de Pekín, según fuentes de la oposición, Zapatero no ha hecho una condena expresa de la violación de los derechos humanos en China, sino que se ha limitado a efectuar una denuncia genérica sobre esta cuestión en relación a todo el continente asiático.
En España, el Consejo de Ministros presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba en ausencia de Zapatero ha aprobado la prórroga de la permanencia de cuatro F-18 del Ejército del Aire durante dos meses en la operación “Unified Protector”, que la OTAN lleva a cabo contra el régimen del coronel Gadafi. En la rueda de Prensa posterior, el vicepresidente primero y ministro del Interior ha cargado contra el PP, y especialmente contra María Dolores de Cospedal, por sus críticas al Gobierno por su actuación en el “caso Faisán”. Rubalcaba ha calificado de “disparate” el doble juego que, a su juicio, hacen los populares en la lucha antiterrorista.
Y si de doble juego se ha hablado, eso es también lo que denuncian víctimas del terrorismo consultadas por el “El Imparcial”. A su juicio, es incomprensible que si ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía la revocación de la libertad del etarra Antonio Troitiño, condenado a más de 2.700 años de cárcel por la comisión de más de una veintena de asesinatos, y pedía su estancia en prisión hasta 2017, este viernes, el mismo Ministerio Público haya anunciado que no pedirá medidas especiales de vigilancia sobre él para evitar su fuga. El fiscal estima que su seguimiento supondría un atentado a los derechos de un preso que ha quedado en libertad.
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