Economía

Telefónica: incentivos y ajuste de tamaño

Crónica económica

Viernes 15 de abril de 2011
Los beneficios más espectaculares de la historia, bonus millonarios para su directivos y recortes de plantilla del 20 por ciento, una combinación que sirve a la prensa para criticar a Telefónica. Sin embargo, quienes tienen que decidir el destino de la compañía son sus accionistas.

Los beneficios más espectaculares de la historia, por encima de los 10.000 millones, bonus millonarios para sus directivos... y recortes de plantilla del 20 por ciento. Tres datos que, puestos uno al lado del otro, le sirven a la prensa para criticar a Telefónica. La noticia de este viernes es que Telefónica propondrá en junta destinar 450 millones de euros en opciones sobre acciones para los próximos cinco años como incentivo para 1.900 directivos.

La crítica es libre, pero quienes tienen que decidir el destino de la compañía son sus accionistas, convocados en junta el próximo 18 de mayo. La función social de las empresas, como decía Milton Friedman, es obtener beneficios. Y tanto los incentivos a los directivos como los despidos (como las contrataciones de otros años) son medidas encaminadas a dar el mayor servicio al menor coste, un esfuerzo que es beneficioso para la sociedad y que además remunera a sus dueños con más beneficios.

Esta política de buscar beneficios es lo que permite ofrecer la siguiente política de despidos: 70 por ciento del sueldo hasta los 61 años, el 34 por ciento del sueldo hasta los 65, abono de las cotizaciones sociales hasta los 61 años y ayuda del 50 por ciento de las cuotas si no se suman 35 años cotizados.

Los ecos del cuento chino de Zapatero, aquello de que el fondo soberano CIC iba a invertir más de 9.000 millones de euros en las cajas españolas, sigue coleando. Es un error diplomático que, entre otras cosas, pone en riesgo la decisión de China de invertir dinero en nuestras cajas. La Bolsa ayer se desplomó por este asunto.

No es una buena idea cometer errores diplomáticos con la segunda economía del mundo, un país que ejerce a conciencia la “diplomacia del yen”. Este viernes, además, hemos conocido nuevos datos sobre el desempeño económico de aquel país. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, mantiene un crecimiento del 9,7 por ciento en el primer trimestre del año y alcanza los 1,01 billones de euros. Este crecimiento viene acompañado de la perversa inflación, del 5,4 por ciento, que sigue siendo una preocupación por parte de las autoridades del país asiático. En los últimos meses, años ya, su gobierno está luchando contra este mal elevando lenta pero progresivamente las exigencias de caja a los bancos. A medida que suben (hay quien pide que los coeficientes de caja de los bancos sean del 100 por ciento de los depósitos), la capacidad de las entidades financieras de crear nuevos créditos a partir de los depósitos se limita. Y, de este modo, se limita la inflación.

La nota del Gobierno chino proclama, no sin orgullo, que “la tasa de crecimiento de la oferta de dinero ha caído y el crecimiento de los créditos nuevos ha continuado desacelerándose”. Pero siguen siendo tasas muy elevadas. El dinero, medido en la magnitud M2, sigue aumentando a un ritmo del 16,6 por ciento anal (3,1 puntos menos que a final del pasado año), y M1 (una magnitud más estricta de lo que es la cantidad de dinero), crece 6,2 puntos menos que en diciembre, pero todavía en el 15,0 por ciento.

Sí, van en el buen camino, pero no suficientemente rápido. Con un crecimiento como ese, lo bueno sería que los precios bajasen, pero con ese crecimiento de la masa monetaria lo que tienen es inflación. Los precios de los alimentos suben a un ritmo alarmante, del 11 por ciento. Pero eso está en línea con el encarecimiento mundial del precio de los alimentos, una tendencia que arroja 5 millones de nuevos pobres en el mundo cada mes en los últimos nueve meses, según informaba este jueves el Banco Mundial. La vivienda, a pesar de los esfuerzos de China por enfriar la burbuja inmobiliaria, todavía se encarece un 6,5 por ciento.

Moody’s rebaja la calificación de la deuda irlandesa hasta niveles de “bono basura”: de BAA1 a BAA3 (dos escalones por debajo tanto de Fitch como de Standard & Poor’s). Moody’s alega tres razones: las finanzas públicas tendrán una menor fortaleza de la prevista, mira con incertidumbre las pruebas de solvencia exigidas por el Mecanismo de Estabilización Europea y las perspectivas de crecimiento son más débiles. No obstante, la UE y el FMI ya han dicho que Irlanda está cumpliendo con el plan del rescate.

Por otro lado, corre el rumor de que Grecia es incapaz de hacer frente a su deuda, y tendrá que “reestructurarla”. ¿Qué quiere decir esto? Dado que podría no hacer frente a sus obligaciones pero no puede faltar a las mismas, las mantendría pero en plazos más largos. Claro, que eso podría ser insuficiente y hay que ir a la suspensión de pagos. Un recorte que ya se había descontado en el entorno del 30-35 por ciento del valor del papel pero que ahora se cree que podría estar entre el 50 y el 70 por ciento. Nouriel Roubini cree que el impago de la deuda griega es inevitable, y que “la cuestión no es si pasará, sino cuándo”. Por cierto, que añade: "lo mismo se puede decir del Gobierno portugués y los bancos irlandeses".

Los temores sobre Irlanda y Grecia aumentan, y ya está empezando a afectar a España. Esta mañana la prima de riesgo ha vuelto a subir y roza ya los 200 puntos básicos (un punto porcentual son 100 puntos básicos). Mientras, los seguros sobre el riesgo de impago de nuestra deuda, los CDS, han subido a 230 puntos. Eso quiere decir que para asegurar un millón de euros de la deuda soberana hacen falta 23.000 euros.

En estas condiciones, Grecia ha aprobado un nuevo plan de recortes, el enésimo y bastante importante. El presidente griego, Giorgios Papandreu, ha respondido a los rumores diciendo que va a resolver los problemas “no reestructurando la deuda, sino reestructurando el país”. Venderá activos públicos por valor de 50.000 millones e impondrá un nuevo ajuste de 23.000 millones de euros. Para hacernos una idea de la labor de Papandreu, reducirá el sector público en un 30 por ciento. Reducirá el número de funcionarios un 10 por ciento simplemente limitando las nuevas contrataciones y aumentar el número de horas trabajadas de 37 a 40.

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