Defensa del funcionario

El veintinueve de octubre de 1929 varios millones de acciones salieron a la venta en la bolsa de Nueva York. Su cotización se había desmoronado la semana anterior y el pánico cundió entre los inversores. Aquel día nadie quiso comprarlas. Fue la debacle. El martes negro, nombre histórico de la jornada, marcó el inicio de una crisis económica sin precedentes. La inexistencia de mecanismos estatales de protección condujo pronto a una situación de miseria generalizada y el descontento favoreció la radicalización de la política y el auge de las ideologías totalitarias. Los felices años veinte, dominados por el espíritu liberal, desembocaron en la Gran Depresión y ésta en la Guerra Mundial, quizás la peor catástrofe de la historia.

De aquel aciago episodio, las naciones de Europa aprendieron una cosa: tan malo como que el Estado quiera controlarlo todo es que permanezca indiferente al destino del ciudadano. Los resultados son más que aceptables. La prueba la tenemos hoy en España, país con una tasa de desempleo incendiaria que, sin embargo, no ha dejado de funcionar con normalidad. El precio de todo esto es el aumento espectacular de los recursos que el Estado gestiona, de sus funcionarios e, inevitablemente, de los impuestos destinados a sufragarlos.

Con el estallido de la actual crisis, la idea de que el Estado cuesta demasiado caro y que sus funcionarios son una carga se ha convertido en tópico mediático. Olvidándose de la historia, pasada y reciente, hay incluso quien ha sostenido que la verdadera raíz de los problemas es la existencia de estos mastodónticos tinglados administrativos. Una de las firmas más prestigiosas del país escribía recientemente que: “en 1976 pagábamos en España seiscientos mil funcionarios, ahora son tres millones doscientos mil: sobran dos millones y medio de empleados públicos”. El cálculo olvida que en tres décadas España no sólo ha aumentado su población, sino que ha abordado también un notable proceso de reorganización cuyos positivos efectos materiales son evidentes. La mejoría se refleja precisamente en la existencia de un Estado capaz de prestar servicios inimaginables en otro tiempo. Si hoy tenemos, contando sólo docentes y personal sanitario, un millón de efectivos, no es para quejarse, todo lo contrario. Por supuesto, la administración pública podría funcionar mejor y los recursos ser utilizados más eficazmente, pero dudo que la sociedad aceptara prescindir ya de sus servicios. La prueba de que nadie, ni siquiera los críticos, son partidarios de esto es que ante cualquier azar -el naufragio de un petrolero o una nevada en Barajas- se reprocha a la administración no ser previsora ni actuar con la diligencia y eficacia debidas.

Sin embargo todo el mundo piensa que sobran funcionarios y que cuestan mucho para lo poco que hacen. “¿Sabes por qué los funcionarios son ateos? … Porque no creen en una vida mejor”. En las encuestas, sin embargo, pocos censuran a los profesores, los médicos o los policías. Las críticas van dirigidas ante todo al sector de empleados de las distintas administraciones que no son funcionarios y que precisamente por no serlo no están directamente al servicio de los ciudadanos, sino de aquellos que ejercen el poder. Confundir estos empleados contratados a dedo por las autoridades con los funcionarios de carrera es una estrategia que le ha salido tan bien a los partidos y a sus compinches sindicales que no hay medio de comunicación capaz ya de distinguir unos de otros. Una pancarta situada en la puerta de un hospital lo resumía con transparente claridad: “faltan batas y sobran corbatas”.

Aquí y allá se han multiplicado los cargos de confianza, los asesores, los adjuntos de esto y aquello, los gestores, los secretarios, una legión de mamporreros sin tarea clara y a menudo sin formación profesional que, además de ejercer funciones de comisariado político sobre la plantilla funcionaria, enmarañan el sistema administrativo en beneficio de los partidos que los gobiernan. La mayoría de ellos no ejerce una función para la que haya tenido que probar antes su idoneidad, sino que fueron escogidos a propósito por el partido en el poder. El tinglado, formidable como el de los liberados sindicales o el de los propios políticos, se ha convertido en una sangría moral y económica para la nación. Desde luego, hay que ser un iluso para creer que podamos acabar con él. En Andalucía, por ejemplo, está previsto, con la connivencia de los llamados sindicatos mayoritarios, convertir por decreto en funcionarios a cerca de veinte mil de estos empleados públicos. La cosa es así y parece que no tiene remedio. Lo que sí está en nuestra mano es evitar las frivolidades. No embrollar más al confuso pueblo español con la monserga de que el funcionario es una carga de la que se podría prescindir o alguien a quien debe exigirse la máxima entrega y competencia a cambio de un sueldo casi siempre modesto y, a veces, pregunten a la Guardia Civil, miserable.