Telefónica: las empresas responden ante sus accionistas

El anuncio hecho por Telefónica de que en los próximos tres años llevará a cabo una reducción del veinte por ciento de su plantilla, junto a un sustancial paquete de incentivos para sus directivos, ha provocado la reacción airada de los sindicatos, como estaba en el guión. Con lo que no se contaba era con la del Gobierno, que ha mostrado su contrariedad y, al mismo tiempo, ha dejado entrever que no permanecería al margen. Semejante ejercicio de intervencionismo hacia una empresa privada resulta muy llamativo, y recuerda otros tiempos autoritarios y dirigistas o nos desplaza a otras latitudes más primitivas, donde el respeto por la propiedad privada y empresarial es menos que reducida.

No sólo Telefónica, las decisiones de cualquier empresa van encaminadas a optimizar beneficios, garantizando su viabilidad y expansión. Además, eso es lo que a la larga crea riqueza, inversiones y puestos de trabajo, como han demostrado muchas de las grandes empresas españolas –Telefónica entre ellas- resistiendo la crisis, hasta el punto de demostrar su competitividad en los mercados más exigentes. En todo caso, eso es lo que esperan sus accionistas, ante quienes deben responder los administradores de la compañía. Pero no ante el Gobierno. No, al menos, en un estado democrático con libertad de mercado. Las autoridades intervendrán si Telefónica, o quien sea, incumple sus obligaciones fiscales, realiza prácticas irregulares en el ámbito de la competencia o vulnera la legislación vigente. La reducción de plantilla –o la política de remuneraciones- si se hace conforma a los parámetros legales, obedece a estrategias de la compañía en las que nadie, salvo los accionistas, tiene porqué decir nada -salvo, claro está, el legítimo derecho de los trabajadores a las reclamaciones a las que tengan derecho conforme a la legislación vigente; en todo caso, son cuestiones diferentes-. Una empresa privada puede tener iniciativas de carácter social -la Fundación Telefónica es un claro ejemplo de ello-, pero su fin último es y será su rentabilidad. Para políticas sociales ya está el Gobierno. Y no hay mejor política social que la de habilitar las condiciones óptimas para la creación de empleo, en lugar de vivir en una permanente destrucción del mismo.