La impugnación de Bildu: ¿Una victoria de las víctimas y el PP?

La Abogacía del Estado ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo la solicitud de impugnación de las listas electorales de la coalición “abertzale” Bildu para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Los motivos: los informes de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza sobre la estrategia diseñada por ETA a partir de 2008 para incorporar a sus acólitos en listas supuestamente independientes y las investigaciones que en las últimas semanas se han efectuado sobre ellas y que demuestran la infiltración de la banda en las mismas.

Pero una vez tomada esta decisión, a la que a la hora de escribir estas líneas no se ha sumado la Fiscalía, pese a que todo apuntaba a que este miércoles seguiría los pasos de la Abogacía del Estado, la pregunta que sobrevuela sobre la opinión pública es por qué el cambio repentino de actitud en el Gobierno sobre Bildu. Hasta ahora, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había limitado a manifestar que las listas de la nueva coalición promovida por ETA y Batasuna tras el auto del Supremo que impedía a su antecesora, Sortu, presentarse a los comicios del 22-M, se examinarían “con lupa” e, incluso, con “dos lupas”.

Desde el 9 de abril, se han sucedido varios acontecimientos que pueden dar respuesta a la pregunta. Ese día, la manifestación convocada por la AVT en Madrid, y que reunió a cientos de miles de personas contra la posible presencia de ETA en las instituciones a través de listas “limpias” en los comicios del 22-M, fue un primer aviso. Las víctimas del terrorismo expresaron de forma clara y rotunda que no estaban dispuestas a soportar un escenario similar al de 2007, cuando en plenas negociaciones entre el Gobierno y la banda terrorista el partido amparado por ésta, ANV, pudo concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de ese año.

Y la pasada semana, la puesta en libertad de Antonio Troitiño, miembro del “comando Madrid”, condenado a miles de años de cárcel por el asesinato de más de una veintena de personas, cuando todavía, según la doctrina del Tribunal Supremo, le quedaban seis años de cumplimiento penitenciario, y los informes policiales sobre la infiltración de ETA y Batasuna en las listas de Bildu provocaron un radical cambio de actitud en el PP.

Si Federico Trillo y Alfredo Pérez Rubalcaba habían llegado a un acuerdo sobre la impugnación de los candidatos que pudieran estar relacionados con ETA-Batasuna en las listas de la nueva coalición impulsada por EA, Alternatiba y supuestos “independientes”, las revelaciones de los documentos incautados a dirigentes de la banda terrorista y las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado obligaron a un cambio de posición en el PP. “Las pruebas son tan evidentes sobre la relación de ETA con Bildu -subrayan fuentes populares- que era imposible no pedir al Gobierno que impugnara las listas de la coalición abertzale”.

Así, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, admitía este martes que “Bildu está en la estrategia de ETA y la documentación incautada a la banda”, que, en este caso, según las fuentes consultadas,” sí le valen, aunque en los casos relacionados con la negociación con los terroristas le reste toda credibilidad”. Las conversaciones interceptadas entre Arnaldo Otegui y su esposa sobre la composición de las listas electorales de Bildu en su municipio también han sido otra puntilla al proceso de impugnación ante el Tribunal Supremo. El carcajeo entre “el hombre de paz”, como le definió Zapatero, y su mujer sobre cómo se iba a evitar la acción de la Justicia en la composición de las candidaturas, y que ponen de relieve, según fuentes jurídicas, el papel secundario de Eusko Alkartsuna en la nueva coalición “abertzale”, han sido, hasta ahora, la última prueba del nueve de la estrategia etarra de cara al 22-M.