La distancia entre matar a Ben Laden y pagar a los piratas

Paradojas de la vida. Mientras el mundo está todavía sorprendido por el éxito de la operación lanzada por los Estados Unidos que ha acabado con la vida del principal terrorista internacional, Osama Ben Laden, líder de Al Qaida, la Audiencia Nacional ha confirmado este martes que el Gobierno pagó “sin duda” el rescate a los piratas somalíes para la liberación de la tripulación del pesquero “Alakrana”. ¿Existe un término medio entre las actuaciones de la Casa Blanca y Moncloa? Es un debate fuera de la crónica política, pero los hechos son como son.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha reunido este martes con Alfredo Pérez Rubalcaba y las ministras de Exteriores y Defensa, Jiménez y Carmen Chacón, para analizar el escenario resultante de la muerte de Osama Ben Laden y los riesgos posibles a los que pueden enfrentarse los intereses ante una campaña de represalias por parte de Al Qaida. Rubalcaba ha confirmado sus propias palabras de este lunes y ha anunciado que el nivel de alerta, el 2, que significa en el argot policial y militar “alto-alto” no será aumentado, aunque se hayan dado instrucciones a las Fuerzas Armadas para reforzar sus medidas de seguridad en la misiones de Afganistán y Líbano y a las embajadas en estos dos países, Paquistán y en el norte de África para que tomen medidas similares, en coordinación con otras naciones occidentales.

El Ejecutivo no se ha olvidado en este caso de hacer las mismas recomendaciones a las empresas y ONG que tienen presencia en estas zonas de riesgo y que en los últimos meses han sido el principal objetivo de las células de Al Qaida, bien con secuestros en tierra como el de los tres cooperantes catalanes en Mauritania o a través de esa estructura difusa, como la califican fuentes de inteligencia consultadas por “El Imparcial”, que actúa en aguas del Índico y que bajo la denominación de “piratería” no se sabe realmente dónde acaba la recaudación de los rescates por la liberación de los buques y tripulantes capturados.

Las medidas contra el terrorismo que adopta cada país, guste o no guste, entra dentro de sus competencias, en principio dentro de la legalidad internacional. El debate sobre esas actuaciones, que en muchos casos acarrean la muerte de seres humanos aunque estén dentro de esa cobertura legal, está muy abierto en la sociedad occidental. A los Seal que no tuvieron ninguna duda, cumpliendo órdenes de su mandos, en enfrentarse a Ben Laden y sus secuaces disparando a matar, tampoco les tembló el pulso a la hora de apretar el gatillo para liberar al capitán de un buque mercante norteamericano secuestrado por piratas somalíes en aguas del Índico.

Fuentes militares consultadas por este diario resaltan que, en cualquier país democrático, las Fuerzas Armadas obedecen las órdenes de sus Gobiernos. Viene esto a cuento por la sentencia que la Audiencia Nacional ha dado a conocer este martes en la que establece que el Gobierno pagó “sin duda” un rescate por la liberación de la tripulación del pesquero “Alakrana”, capturado el 2 de octubre y retenido durante cuarenta y siete días frente a las costas somalíes. La sección cuarta de esta instancia judicial ha condenado a 439 años de cárcel a cada uno de los dos piratas capturados por efectivos de la Armada española cuando intentaban huir del barco por los delitos de detención ilegal, robo con violencia, asociación ilícita y contra la integridad moral. La sala no los considera culpables de terrorismo al no poderse probar que fueran contra nuestro orden constitucional y porque todo indica que el móvil era meramente económico.

El hecho más relevante de la sentencia es que en el juicio quedó demostrado “sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes” y del pesquero. En definitiva, dos formas distintas de resolver una situación de crisis. ¿Cuál es mejor? La respuesta queda para el debate.