Dinero para el pueblo

Comienza el espectáculo. Los partidos políticos abren las puertas y ofrecen reclamo en el escaparate de rebajas. Cada cual, a su eslogan. Los argumentos bien trabados de retórica persuasiva y repitiendo todos los mismos esquemas de épocas anteriores. Los técnicos de imagen y lenguaje buscan la concreción impresiva que fije el rostro y la palabra en icono. Quien logre fijar el discurso o parte suya como marca social, impone un hierro a la res pública en litigio. Se impone lo concreto.

Las elecciones son la fiesta mayor de los partidos y de la democracia. Las municipales y autonómicas convocadas en estos días tienen especial atractivo y urgencia. Como nunca en el breve recorrido de la democracia española. Atraviesa esta una encrucijada difícil de tensiones políticas suscitadas por el vacío de las formas que rigen su Carta Magna, la Constitución. La convierte en papel mojado que se seca con un soplo o con el calor del ambiente. El ejercicio del poder absorbe los fundamentos jurídicos y los menea en el aire como si la letra de sus leyes se reescribiera en todo momento. El posibilismo vence a lo constituido o, más grave aún, el fundamento de las leyes resulta poroso y por él transpira cualquier flujo de conveniencia. Los políticos lo saben y esmeran los resquicios de la argucia. Los pactos se imponen al espíritu de la ley y la justicia pierde su condición mayúscula en favor de un derecho que depende del cónclave parlamentario. Pesan más los pasos de pasillos y visitas, acuerdos de despacho, que las palabras del parlamento y sus razones, simples reflejos de transacciones previas. Justicia es la condición amanerada del Derecho Constitucional.

La política se ha convertido en el motor económico, social y jurídico de la realidad pública. Los partidos son empresas con intereses de marca antes que de buen paño. Las bases exigen cuota alícuota de poder y puestos que garanticen posiciones más allá del coto enfeudado. Las convocatorias masivas de concursos públicos, como el caso actual de Andalucía; la conversión de despachos y departamentos oficiales en agencias privadas con lustres legales; las pruebas amañadas de oposiciones, con la credencial de partido, sindicato, asociación o grupo de confianza en la boca, como suele decirse; la interconexión entre los nuevos empleados públicos, ya no funcionarios; las nuevas agencias de colocación y los intereses empresariales; la connivencia de bancos en estas transacciones de poder, legislación, dinero y empleo; todo ello confiere un poder exorbitado a los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición.

Por eso prevalece la propaganda política sobre la razón de Estado y los programas electorales se convierten en arenga de mercadillo y folletos de rebajas. Quien haga un análisis comparativo, verá que prima el lenguaje grueso, las grandes ofertas, las palabras básicas de abultado eco fácil -libertad, justicia, mérito, competencia, bienestar social, educación- centradas en el ámbito inmediato que le sirve de concreción y algún emblema representativo: barrio, distrito, concejo, comunidad, parque, escuela, instituto, hospital, etcétera. El equipo gobernante administra mal y el pretendiente rebosa en soluciones y carisma público. No falta la eterna educación inculta y la enésima reforma educativa de este país de calle, ruedo, fiesta, legajo y arrapiezo político.

La democracia española convirtió el ágora en lonja, al pardal en diputado, al profesor en oficinista y el erario público en caja de cambio. Asombra ver a un país endeudado por una crisis social sin precedente donde el robo resulta apaño de tribunales y la pericia legal rendimiento de cuenta corriente y cargo público. Si sumamos lo robado en comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones; pactos de gobierno y sindicatos; el culebreo monetario de fundaciones, asociaciones; los proyectos innúmeros de ministerios, universidades, la innovación y desarrollo, resulta un país inmenso, gigante…, y un pueblo digno de admiración aún pendiente de esas bocas que exhalan libertad, trabajo, hacienda, cultura. Pueblo en verdad sufrido y admirable.

El mayor logro, no obstante, del toril democrático está siendo la conversión del equipo y adláteres de Gobierno, no solo en empresa partidocrática, sino en gabinete de ingenieros políticos. La gobernancia actual ha entendido muy bien la lógica de rodillo y apisonadora. La técnica informática le permite además elaborar planos y estatutos de proyección rápida. El albañil sustituye al maestro de obra; el mampostero, al contable; el delineante, al ingeniero; el ujier, al magistrado; el alguacil, al alcalde y presidente de corporaciones, mientras Lázaro, Celestina y Pablos merodean pasillos, antesalas, escaños. Y los tontos ilustres leen El Quijote en público.

El mérito más notable de la política española es la vertebración en ingenieros de los mandatarios gubernamentales. Los políticos se consideran hoy, especialmente los del Gobierno, ingenios del poder público. Están convencidos de que este les pertenece por esencia. Convierten en marca de progreso la credencial de partido o sindicato. Asumen el halo de la masa y su aplauso convencido. Administran los resortes del poder de tal modo, que, quien se cruce intencionado o por error, acaba bajo la almádena, el aciche y la aplanadera. Le sueltan el rodillo y lo apisonan cuesta abajo. Si es además independiente, no oye ni el ruido de las máquinas.

El demérito más sonado de la actual política española es el olvido de la sociedad civil solo añorada y sonreída en estos fastos de elecciones y reclamo público. Es decir, la procuración limpia de los cargos, de la administración y sus concursos, de las cuentas, de los derechos básicos, del mérito y competencia que, en muchos casos, falta a los gobernantes. La enlucen con el brillo y ruido de asambleas y mítines. Los presidentes electos de las principales corporaciones del Estado, en particular de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y, sobre todo, el presidente del Gobierno, debieran cesar automáticamente en cualquier otro cargo de partido para administrar y ejercer la función pública que el conjunto de la ciudadanía les otorga. El presidente de un país ya no puede representar en exclusiva a quien lo promovió, pues la voluntad pública que lo aureola es mayoría y habla por el conjunto de los ciudadanos. Debiera haber además una cuota proporcional de candidatos independientes en el listado de cada partido y en la composición alícuota de gobiernos.

Las elecciones en curso son otra prueba crucial para la democracia española. Los ciudadanos debemos avalar con los votos los recursos reales que las instituciones administran. Dinero para el pueblo. He aquí el eslogan de la sociedad civil que reclamamos. El ladrillo, la rueda y la energía mueven el motor económico del Estado y sus derivaciones sociales. La ingeniería del poder antes citada, y este sí es el peor mal de la democracia ahora en voto, sisa al pueblo el dinero en cuyo nombre lo reclama. Teniendo ella los recursos y la planificación en mano, los administra en función del voto más que del interés público. Las ayudas, proyectos y subvenciones giran en torno al programa de partido y su permanencia en las instituciones. Solo se avala lo que redunda en interés de las siglas.

La actual política española de Gobierno esclaviza intencionadamente al pueblo para someter la orientación de su voluntad urgida por la necesidad inmediata: manutención, trabajo, familia, seguridad civil y jurídica, confianza institucional. Quien necesita, mendiga y suplica. Hipoteca su libertad. Y los partidos, sindicatos, bancos, trilogía mancomunada del poder monetario y político, lo saben. Cautivan las voluntades, bloquean las instituciones y aprisionan con dolo y dula, presente, pasado y futuro. Saben que el ciudadano libre y autónomo es menos crédulo, más exigente. No cambia su voluntad por una sonrisa. Los políticos actuales agujerean la historia con cada clic de ordenador y sujetan sus folios con clip bronceado.

Dinero al pueblo. Sabe él de sobra en qué invertirlo. Su ingenio responde a la necesidad inmediata y al horizonte de mejora en atributos sociales. Si el político pone recursos en la cuenta corriente de cada ciudadano, la economía rueda sola y espontánea. El paro merma. La oferta pública crece. La demanda sigue su curso. El político aprende. Los parlamentos piensan, ingenian. El Estado funciona.