El arbitraje internacional por el recorte fotovoltaico puede suponer al Estado 400 millones

El tribunal internacional de arbitraje de Londres, que ha recibido las demandas de un grupo de quince fondos extranjeros contra el Estado español por el recorte retroactivo de las primas fotovoltaicas, podría poner en marcha el proceso el próximo 8 de junio si no ha habido antes un acuerdo previo entre las partes. La demanda contra el Estado español podría dañar la solvencia de las arcas públicas, pues según ha podido saber El Confidencial, los afectados por el recorte retroactivo prevén solicitar una cantidad próxima a los 400 millones de euros.

El tribunal internacional de arbitraje de Londres, que ha recibido las demandas de un grupo de quince fondos extranjeros contra el Estado español por el recorte retroactivo de las primas fotovoltaicas, podría poner en marcha el proceso el próximo 8 de junio si no ha habido antes un acuerdo previo entre las partes, según indicaron fuentes jurídicas.

Según el mecanismo de resolución de controversias establecido por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), cuya vulneración se denuncia, los demandantes deben enviar en primer lugar una carta al Gobierno español, conocida como 'trigger letter', en la que se le informa del recurso y se le solicita negociación.

Hasta ahora, los quince fondos de inversores internacionales han remitido 45 cartas, las primeras de ellas con fecha 8 de marzo. Cada carta tiene tres copias, una de ellas para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otras dos para los ministros de Industria y Exteriores, Miguel Sebastián y Trinidad Jiménez, respectivamente.

Las fuentes indican que este procedimiento ha despertado precupación no sólo en el Gobierno, sino también en el PP, que aspira a llegar al poder el año que viene y que ve en este litigio el enquistamiento de un problema de primer orden.

Los fondos han solicitado indemnizaciones que se acercan a los 400 millones de euros en compensación por los fondos que dejan de percibir con la nueva regulación, según ha podido saber El Confidencial. Los afectados, que ya han invertido 2.875 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España y, si logran una resolución favorable, podrían obligar al Estado a desembolsar indemnizaciones superiores al ahorro perseguido con el recorte de primas fotovoltaicas.

Desde luego, la apuesta del Gobierno por los huertos solares le puede salir muy cara. De hecho, la demanda que preparan los quince fondos internacionales podría suponer un varapalo para las arcas públicas. El total de la inversión de los fondos representados en la demanda supera los 3.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que la reducción de las tarifas es del 30% y afecta con carácter retroactivo a tres años, el daño sobre la facturación de las instalaciones solares gestionadas por esas firmas se calcula en 400 millones”, explican estas fuentes.