Los indignados entran en la batalla política

Un factor, en principio inesperado, ha provocado una sacudida en la campaña electoral. El movimiento ciudadano surgido a través de las redes sociales y que ha provocado manifestaciones y acampadas en numerosas ciudades españolas en protesta por el paro juvenil y de los mayores, los recortes sociales, las dificultades para el acceso a una vivienda digna y la crítica a la falta de sensibilidad de los partidos políticos hacia la necesidades reales de los ciudadanos ha calado entre las formaciones que se presentan a los comicios del próximo domingo. Desde el PP, Rajoy ha defendido a los políticos y a la política frente a las demandas de los jóvenes. Desde el PSOE se ha expresado la simpatía hacia estos movimientos, que precisamente protestan por las medidas del Gobierno ante la crisis económica.

Los indignados empiezan a salir a la calle. Una de las grandes preguntas desde que la economía española empezara a caer en barrena y llegara a los cinco millones de parados ha sido la de cómo es posible que lo afectados por esta crisis no protestaran en la calle. Analistas políticos consultados por “El Imparcial” consideran que la acción de los sindicatos UGT y CC OO ha sido básica para impedir las movilizaciones ciudadanas. Pero, señalan, empiezan a verse actitudes similares a las registradas en los últimos meses en otros países europeos.

La disyuntiva ahora es a cuál de los grandes partidos puede beneficiar o quién puede beneficiarse de la protesta que lleva bajo lema “Democracia real, ya”. Desde el PSOE, su propio vicesecretario general, José Blanco, les ha apoyado para pedirles el voto y reclamarles su oposición al PP. Las fuentes consultadas reconocen la habilidad del ministro de Fomento al intentar dar la vuelta a la tortilla a su favor, pero recuerdan que el dirigente socialista olvida que precisamente protestan por las políticas económicas del Gobierno de Zapatero. La banca es uno de los objetivos de los convocantes de la movilización por haberse beneficiado de las ayudas públicas y no poner en circulación créditos para hipotecas o la creación de pequeñas y medianas empresas, pero desde “Democracia real ya “ se señala que también están en contra de la corrupción política de todo signo y que su fin es la defensa del ciudadano de a pie.

De todas formas, la convocatoria ha reunido a distintos colectivos que han aprovechado la calle como eco de sus reivindicaciones. Aparte de “Democracia real, ya “, desde grupos contrarios a la ley Sinde contra la piratería en internet a movimientos radicales antisistema se han unido a la protesta. Las Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir desde el domingo para disolver a grupúsculos que han protagonizado incidentes violentos en distintas ciudades, sobre todo en Madrid, así como a levantar acampadas como la de la Puerta del Sol de la capital. Los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía han interrogado a algunos de los detenidos para intentar conocer quién mueve los hilos de este movimiento o si, en su mayor parte, es espontáneo, como defienden sus componentes.

Dos hechos. El primero; el PSOE ha colgado esta tarde en su página “web” el manifiesto de “Democracia real, ya”, en el hueco que destina a Izquierda Socialista, uno de los sectores del partido. Poco después, ante el aluvión de críticas recibidas desde internet, lo ha descolgado y se ha excusado en un error de gestión de la página. El segundo; quien no ha dudado en las últimas horas en dar su apoyo absoluto a estas movilizaciones ha sido el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. ¿Dos pistas? “Democracia real, ya” insiste en que todos los partidos políticos están excluidos.

Desde el PP, Mariano Rajoy ha defendido a la “política y los políticos”. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba también ha promovido hoy que se deposite el voto en la urna como forma de ejercer la democracia.

En el otro gran tema de la campaña, la lucha contra Eta, las aguas del Tribunal Constitucional vuelven a bajar revueltas. Y como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Ahora, la polémica se centra en los recursos que ha recibido de casi una treintena de etarras contra la aplicación de la doctrina “Parot”, que les impide salir de la cárcel antes de tiempo al aplicárseles los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre los treinta años de cumplimiento máximo que establecía el Código Penal de 1973.

El propio Tribunal ha hecho pública una nota hoy en la que niega que esté deliberando sobre esta doctrina establecida por el Tribunal Supremo. El TC asegura que analizará “caso a caso” la situación de cada penado. Pero esa explicación es la que preocupa en fuentes jurídicas, policiales, de las víctimas del terrorismo y del PP consultadas por este diario. El fallo sobre Bildu y las actas encontradas en poder de Francisco Javier López Peña “Thierry”, jefe militar de Eta durante las conversaciones con el Gobierno, en la que los beneficios penitenciarios para los presos de la banda eran primordiales para mantener la tregua, abren grandes interrogantes.

Los mismos medios subrayan que efectivamente el Tribunal Constitucional puede no poner en cuestión la doctrina establecida por el Supremo, pero que el estudio “caso a caso” de la situación de cada penado no despeja las dudas sobre la existencia de posibles presiones del Gobierno para la excarcelación de terroristas, al que dar a la discrecionalidad del TC la decisión sobre la libertad o la continuidad en prisión de los etarras recurrentes.