La CAM acusa a Bermejo de "estar ausente" en el caso de Mari Luz

El también vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid recordó que la parte de la Justicia transferida a la Comunidad de Madrid -con 6.000 funcionarios- no está en huelga, aunque "con el máximo respeto" a los trabajadores en huelga y a la postura del Ministerio exigió "que mañana (este lunes) se llegue a un entendimiento de forma inmediata".

En su opinión, las consecuencias de dos meses de huelga serán que "para el próximo lustro la justicia va a seguir funcionando con retraso, con lentitud". Por este motivo, pidió una resolución rápida del conflicto "para evitar lo que está ocurriendo precisamente en unas fechas en las que se produce la mayor crisis de la administración de justicia de la historia de la democracia".

El fallo con el caso de Mari Luz

Como causantes de esta "crisis" citó el fallo en el sistema judicial con el asunto del asesinato de la niña Mari Luz Cortes, "junto con los antecedentes de un conflicto grave entre el Tribunal Supremo y el Constitucional". Ambos hechos han llevado -según Prada- a que la justicia "esté más en cuestión que nunca en este momento en cuanto a su funcionamiento, y la justicia es un pilar básico de nuestro estado de derecho", ya que -dijo- junto con la independencia del poder judicial, "son fundamentales para el funcionamiento de un estado de derecho democrático".

Por este motivo, afirmó, "no podemos tener un ministro que ha estado ausente en las negociaciones (de la huelga de funcionarios) y que está ausente también de la problemática que está viviendo en estas fechas la justicia".

Preguntado por la concatenación de fallos que llevaron a que el presunto asesino de la niña de Huelva estuviera en la calle, Prada apostó por adoptar medidas "de forma inmediata" para reformar el sistema penal y penitenciario, "inclusive las propias funciones del Consejo General del Poder Judicial, para que no vuelva a producirse una situación tan lamentable como ésta".

El consejero madrileño de Justicia abogó no sólo por incrementar las penas para los autores de delitos sexuales y los pederastas, sino también por una reforma "para reforzar la independencia del poder judicial y darle mayores garantías en su funcionamiento".

Por la concatenación de errores "que ha provocado la mayor crisis en nuestro sistema judicial", Prada consideró que es lícito exigir "responsabilidades en todo tipo de órdenes, incluido el orden político, a las personas responsables que no han tomado las medidas adecuadas para evitar lo sucedido".

Se mostró partidario de la creación de un registro público de pederastas, ya que en el siglo XXI, donde las nuevas tecnologías son de uso ordinario, "no es de recibo lo ocurrido en Sevilla, dónde un Juzgado tiene en busca y captura a un delincuente, éste acude por orden judicial a otro mandato en la misma circunscripción judicial y no hay cruce de informaciones".