Un programa económico para el cambio

Varias comunidades autónomas han cambiado de manos, del PSOE al PP. Cuántas, está por ver, dado que en Aragón, por ejemplo, depende de los acuerdos tras las elecciones, aunque todo indica que Luisa Fernanda Rudi será la nueva presidenta. A ello hay que sumar importantes capitales de provincia antes bajo mandato socialista y que tendrán un alcalde popular, como Santiago de Compostela o Sevilla, por mencionar dos. Y varios centenares de ayuntamientos de todos los tamaños.

Hay un importante trasvase del poder del socialismo al partido que encarna una posición liberal-conservadora. ¿Se verá reflejado en un cambio en la gestión? Según recoge Libre Mercado, los socialistas legan a los populares el gobierno de cinco regiones (Cantabria, Asturias, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha). Y sus presupuestos suman 24.000 millones de euros anuales. ¿Qué pueden hacer?

En su mano tienen la gestión de la sanidad, la educación y las políticas activas de empleo. Estas últimas sirven sobre todo para llenar los insaciables bolsillos de los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero no está claro que fomenten el empleo como tal. Aún así, no es probable que cambien nada. Respecto de la educación, pueden seguir el ejemplo de los cambios que está introduciendo Esperanza Aguirre, pero sus efectos sólo se verán en el futuro, y a corto plazo no es probable un recorte en el gasto. Otra cosa es la sanidad. Aquí el PP podría introducir el copago. La lógica es sencilla: Ahora no se cobra por cada vez que se hace uso de la sanidad pública. Ello invita a que se haga más uso de lo que sería razonable y de lo que aguantan nuestros bolsillos. Porque ese coste que no se paga en el momento del uso se transfiere a los impuestos. El copago liga el uso al coste, aunque no del todo. Pero lo suficiente como para racionalizar algo el consumo. Lo usaría sólo quien lo necesita cuando lo necesita. Y nos saldría a todos más barato.

Las Comunidades tienen también muchas empresas públicas. Lo racional desde el punto de vista económico es cerrarlas o venderlas. Lo racional desde el punto de vista político es lo contrario: ampliar el poder sobre la economía y la sociedad. Pero con una deuda disparada y la necesidad acuciante de reducirla, tendrán que recurrir a dolorosos cierres o a privatizaciones. Es lo que hará Esperanza Aguirre con el Canal de Isabel II. Y ese dinero debería ir directamente a amortizar la abultada deuda de las autonomías. De la reducción en el gasto podrían venir 1) la reducción de los déficit y 2) la eliminación de ciertos impuestos y reducción de otros.

Otra función en manos de las Comunidades Autónomas son los horarios comerciales. Su liberalización ayudaría a reavivar el comercio. Hay mucha regulación medioambiental que se debería racionalizar.

Ahora existe el temor de que los nuevos gestores reconozcan una deuda que los anteriores han ocultado. Freemarket Corporate Intelligence, consultora liderada por Lorenzo Bernaldo de Quirós, calcula que la deuda oculta suma 26.400 millones de euros. De estar ajustada a la realidad, es difícil escapar al apelativo de situación que bordea la catástrofe. “Los últimos datos del Banco de España, según los parámetros de la Unión Europea, muestran que la deuda pública se ha duplicado a más de 115.000 millones de euros desde 2008, mientras que la deuda municipal y provincial ha aumentado a 35.000 millones de euros y la deuda del Gobierno central se sitúa en 488.000 millones de euros”, recuerda Invertia.

Este lunes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no ha podido ser más claro: Ha solicitado a los nuevos responsables en los gobiernos autonómicos y locales que cumplan "rigurosamente" los objetivos de déficit. Recordemos que son del 3 por ciento en 2013, según las normas de Bruselas. Y atención, porque ha exigido al Ejecutivo que reconozca “que tiene problemas" y le insta a "tomar medidas". Culpar a “la malicia de los mercados”, le advierte, es "una pérdida de tiempo".

Los mercados temen lo que pueda aparecer de debajo de las alfombras, y han reaccionado muy a la baja. La prima de riesgo ha logrado alcanzar los 260 puntos, aunque luego se ha relajado hasta los 247.