Gobierno, sindicatos y patronal se juegan el futuro de la economía española en un acuerdo que tiene que cerrarse la próxima semana.
La
decisión más importante para el futuro inmediato de la economía española se está debatiendo estos últimos meses entre sindicatos y patronal. Es, claro está, la reforma de la negociación colectiva. Los empresarios tienen una posición fuerte. El FMI pide a España que elimine la negociación colectiva. Alemania no la tiene y su paro apenas ha subido en plena crisis. Es más, los datos de paro de la UE conocidos este martes muestran que Alemania tiene la tasa más baja en 19 años: ha caído en mayo un 0,3 por ciento hasta el 7,0 por ciento, mientras que en España es casi el triple: el 20,7.
Así que los empresarios quieren
desmantelar la negociación colectiva. Sería no sólo el camino para mejorar la situación del desempleo en España, sino una herida de muerte para los sindicatos. Éstos se resisten, como es normal. Pero su impronta social no es la de hace años (como demuestra la última
pseudohuelga general). La única baza que tienen es la de no aceptar un acuerdo que no les convenga y cederle la patata caliente a quien tiene la responsabilidad de atender este problema: el Gobierno. Este martes, la secretaria de Estado de Empleo,
Mari Luz Rodríguez, ha advertido a las dos partes de que si no cierran un acuerdo la próxima semana, el Gobierno hará su propia reforma.
El Ejecutivo no quiere, porque sabe que tiene que aprobar una reforma que no se aleje de lo que quieren la
UE y el FMI. ¿Por qué ese interés de estas dos instituciones en liberalizar el mercado español? Porque reduciría el paro, y ello tendría dos efectos: reduciría los subsidios por desempleo y generaría más ingresos para el Estado. Ello contribuiría a mejorar la situación fiscal del Estado, que es la principal preocupación de UE y FMI.
La ministra de Economía,
Elena Salgado, ha comparecido para dar cuenta de la ejecución presupuestaria. El Estado ha recudido su déficit hasta abril en un 53,5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Son 2.450 millones de euros, que equivalen al 0,22 por ciento del PIB.
El problema son
las Comunidades Autónomas. Salgado no ha dado muchos nombres. Pero todas juntas acumulan un déficit de 5.000 millones, que equivalen al 0,46 por ciento del PIB. Una mitad de las autonomías tiene déficit por encima de lo previsto. Por otro lado, sólo Aragón, La Rioja y Galicia han obtenido superávit. Uno de los casos es el de Madrid, pese a que es una comunidad que generalmente cumple en materia fiscal. La ministra considera que esos datos indican que el objetivo de déficit del 6 por ciento es posible, algo que también cree el Banco de España, como dice en
su último Boletín Económico.Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia, ha pedido un techo de gasto “legalmente vinculante” a las Comunidades Autónomas. Una medida que está en el programa económico de Mariano Rajoy.
Se han producido una decena de
muertes en Alemania, una en Suecia, a causa de la ingestión de pepinos en mal Estado. Procedían de España, lo que llevó a las autoridades alemanas a señalar a nuestros productores como responsables. Esto ha creado el desplome del sector y la paralización de gran parte de las exportaciones. Los exportadores se han reunido en Madrid y exigen a Zapatero que intervenga en esta crisis.
Tienen buenos argumentos. El
virus E.coli que ha causado las muertes es de una cepa que no es frecuente en España y sí en otros países por los que ha pasado el cargamento. De hecho, Alemania se ha visto obligada a reconocer, en contra de lo dicho en un primer momento, que el origen del problema no está en España. Pero las consecuencias las están pagando los productores y exportadores españoles. Con todo, si las autoridades españolas saben aprovechar la situación, esta es también una oportunidad para explicar a los consumidores europeos que los estándares de control en España no son inferiores, y sí más estrictos, que los que puedan encontrarse en el resto del continente. Y que la calidad del sector exportador español no tiene quien le haga sombra.
Ya venimos avisando en estas crónicas del cambio de apreciación en el gobierno alemán sobre la
energía nuclear, desde la crisis de
Fukushima. Ya se ha confirmado la decisión de la coalición liberal conservadora de fijar para 2022 el apagón nuclear. No quiere decir que en Alemania vaya a dejar de producirse energía nuclear. Ni mucho menos. El coste de esa decisión, sólo en términos económicos está entre los 30.000 y los 40.000 millones de euros. El propio gobierno ha reconocido un coste de 1.500 millones anuales, que restarán
competitividad a su economía. De modo que el esforzado y lento esfuerzo por cambiar el sentido de la opinión pública en favor de la energía nuclear se borra de un plumazo. Pero la fiabilidad de esa fuente, los factores económicos y ecológicos (no emite CO2), hacen pensar que Merkel ha pasado la patata nuclear a futuros gobiernos, que tendrán que hacer la misma labor que había hecho ella para evitar el absurdo de un apagón nuclear.