Jueves 02 de junio de 2011
Crisis económica, elecciones y la sucesión de Zapatero habían relegado a un segundo plano la instrucción del caso Gürtel. No obstante, ésta sigue su curso, y buena prueba de ello es el auto del juez Pedreira por el que impone una fianza de 15 millones de euros al principal imputado de la trama, Francisco Correa, si quiere evitar la prisión provisional. Conviene recordar que Correa lleva en la cárcel desde hace más de dos años por un delito económico, lo cual no parece haber merecido valoración alguna por parte de ese sector progresista del mundo del derecho que aboga por una reducción drástica del concepto de prisión preventiva.
Pero por mucho que el delito que presuntamente ha cometido Correa sea de los llamados “de cuello blanco”, ello no osbta a que su supuesta comisión revista máxima gravedad. Que alguien sin antecedentes y cuya acusación no versa sobre delitos sexuales o de sangre lleve dos años y medio a la espera de juicio y deba pagar15 millones de euros si quiere eludir la cárcel se antoja un tanto excesivo. Estamos ante una fianza que no conoce parangón en la reciente historia judicial española. Posiblemente, Correa haya amasado un patrimonio considerable y, de haberlo hecho irregularmente, la ejemplaridad debe ser el eje principal de una eventual condena. Hasta ese momento, tiene tantos derechos y obligaciones como el que más. Y entre los primeros, está el de la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución. Su defensa ya ha dejado entrever este argumento. Y sería una mala noticia para la justicia española que un caso tan relevante como Gürtel –que merece una respuesta contundente- quedase señalado por cuestiones de este tipo.
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