Viernes 03 de junio de 2011
Finalmente, patronal y sindicatos han roto las conversaciones en materia de concertación social, con la negociación colectiva como principal punto de fricción. Así las cosas, corresponde ahora al Gobierno legislar -se ha comprometido a hacerlo antes del próximo día 10- sobre algo que no quería ver ni en pintura. Efectivamente, José Luis Rodríguez Zapatero sabe que tiene que aprobar una reforma que satisfaga las demandas tanto de UE como de FMI y, sobre todo, que ayude a fomentar la creación de puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, flexibilizar el mercado laboral español, por lo demás uno de los más rígidos del continente. Inicialmente, tal medida reduciría el paro, y ello implicaría dos consecuencias a corto plazo: se reduciría los subsidios por desempleo y se generaría más ingresos para el Estado, con lo que mejoraría ostensiblemente la situación fiscal del Estado.
¿A qué espera, pues, el Gobierno? El señor Zapatero hace mucho tiempo que decidió ponerse en manos de los sindicatos, y así le ha ido. Unos sindicatos cada vez menos representativos y continuamente superados por los acontecimientos, que ven cómo la pérdida de su poder omnímodo en la negociación colectiva airearía muchas de sus vergüenzas. Hay empresarios que contratarían más, pero no pueden hacer frente a los enormes costes sociales que ello les supone. Otros necesitarían fórmulas más flexibles para dinamizar su actividad productiva, pero la normativa vigente se lo impide. Con todo, habría sido deseable que patronal y sindicatos hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo pero, no siendo así, es el Gobierno quien debe actuar, que para eso está. Y más le vale esta vez dejarse de paños calientes y afrontar como es debido un asunto en el que España se juega muchísimo.
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