La deuda municipal continúa al alza y, según los últimos datos computados, alcanza los 35.443 millones de euros, una factura que asfixia a pymes y autónomos, que denuncian retrasos en los pagos de lo que les adeuda la Administración. Además, algunos expertos afirman que más facturas pendientes de pago aflorarán de los cajones tras las elecciones generales. Fruto de esta preocupación, Mariano Rajoy anunció el jueves que el PP realizará auditorias en todos los municipios y CCAA que han ganado en las elecciones en el momento de terminar la legislatura anterior.
La deuda financiera de las
entidades locales al cierre de 2010 se situó en
35.443 millones de euros, con lo que aumentó un 2,4% con respecto al año anterior. De esta cantidad, los ayuntamientos adeudan 28.851 millones. El de Madrid es, con diferencia, el Ayuntamiento que arrastra más impagos de España, ya que debe a sus acreedores 6.451 millones de euros. Le sigue el de Barcelona -que en 2010 incrementó un 60% su deuda, desde los 753 a los 1.202 millones-, Valencia, con 890 millones; Zaragoza, con 748 millones; Málaga, con 743 millones; y Sevilla, con 454 millones, les siguen en el ranking. Aunque hay numerosas localidades que a final de 2010 saldaron sus deudas
(vea aquí la lista completa de los municipios de toda España elaborada por el Ministerio de Economía), no es la tónica general.
Esta abultadísima factura se suma a los
115.455 millones de euros todavía por pagar de las comunidades autónomas y a los 638.767 de la Administración, algo que continúa estrangulando la economía.
Las
facturas impagadas no se reflejan en el déficit, lo que ayuda a maquillar las cifras en un momento en el que la Administración se ha propuesto reducir este parámetro para cumplir los objetivos europeos, una circunstancia que puede explicar, junto a la crisis económica el aumento de las deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Tanto autónomos como pymes han alzado la voz para
denunciar los retrasos en los pagos de las administraciones, algo que les está arrastrando, en ocasiones, a la quiebra. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), 200.000 autónomos han tenido que cerrar sus negocios debido a la demora en los pagos de la Administración.
Para evitar esta demora en los pagos, el año pasado se modificó la
Ley de Morosidad, introduciendo cambios para reducir los plazos con el fin de que la contabilidad refleje una factura pendiente como impagada.
La
ley 35/2010 otorga un plazo para saldar cuentas de 55 días en 2010, de 50 en 2011 y, finalmente, de 30 días en 2013. Pero, a pesar de que la norma lleva un año en vigor, la realidad es bien distinta: la ATA denuncia que el año pasado hubo una media de 158 días de demora en los pagos, mientras que la Confederación Nacional de la Construcción afirmaba en un informe realizado por Cepyme, en su revista “El Empresario”, que transcurrían 170 días de media. Seopan también alerta sobre que las entidades y empresas públicas “incumplen sistemáticamente las formas de pago legales en sus pliegos de contratación”.
“El 95% de las Administraciones Públicas no paga sus facturas en el plazo establecido por la ley”, afirma Celia Ferrero Romero, coordinadora general de ATA, a EL IMPARCIAL. “Los autónomos, ayuntamientos y CCAA nos deben
12.000 millones de euros, mientras que hemos adelantado 1.500 millones por el IVA de las facturas no cobradas. Se estima que esta situación ha provocado el cierre de 200.000 negocios regentados por autónomos desde 2008”, manifiesta Ferrero.
Pero algunos expertos consideran que tras las elecciones harán aflorar aún más facturas que no han sido aún registradas por la contabilidad. Federico Castaño, que ha escrito el libro '
El despilfarro. La sangría de la España autonómica”, cree que todavía quedan otros 30.000 millones de deudas en los cajones de los consistorios y diputaciones, según ha explicado a este diario.
Es precisamente esa sospecha, que preocupa al partido de la oposición tras sus vitoria electoral en el 22 de mayo, lo que ha llevado al presidente del PP,
Mariano Rajoy, ha anunciar que verificará la situación de tesorería en el momento de cambio de gobierno de aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas que ha ganado en estos comicios, en algunos casos tras prolongados gobiernos de otras agrupaciones.
La deuda desmesurada de los ayuntamientos también preocupa en el PSOE que, por el momento, no ha presentado ningún plan para hacerle frente. Sin embargo, este mismo viernes, EL PAÍS publicaba una conversación a puerta cerrada entre
Rubalcaba y los alcaldes socialistas en la que se trataba el asunto. Así, los alcaldes le preguntaban al vicepresidente y candidato a suceder a Zapatero: “¿Cómo podemos pagar nosotros a los proveedores en 30 días, 40 días, 50 días? A los alcaldes y alcaldesas nos dan ganas de salir corriendo, Alfredo”, según recoge este diario. Rubalcaba reconocía los problemas que tienen los consistorios y les prometía más fondos, todo lo contrario que la política de austeridad que ha instaurado el PP: “¿Llegará más dinero el año que viene?”, le preguntaron a Rubalcaba, según fuentes consultadas por El Imparcial, a lo que el vicepresidente respondió que “llegará más dinero; cuánto más no te lo puedo decir, llegará más dinero, pero, en todo caso, vais a tener que aguantar un par de añitos malos con seguridad”.
Al margen de las soluciones políticas que puedan paliar esta situación, empresas y autónomos continúan sufriendo las consecuencias de las demoras en el pago. Pero, ¿
por qué no denuncian si la ley les ampara? La profesora titulada de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, Marta García Mandaloniz, citada en el informe de CEPYME, asegura que “el escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley podría justificar la ausencia de conocimiento entre las empresas y, por ende, la aplicación práctica de esta normativa”, pero también puntualiza que “para la reclamación de las deudas tradicionalmente se haya venido obligando a las empresas acreedoras a acudir a procedimientos judiciales sabiendo, de antemano, que si reclaman por esa vía perderán a sus clientes”. Es decir, que, por el momento, quizá compensa no denunciar para no perder un cliente tan importante como un ayuntamiento.