Era aún de noche cuando Ignacio Martín-Baró habló por última vez con su hermana Alicia a través del teléfono: ella desde Valladolid, la ciudad natal de toda su familia; él desde San Salvador, el país al que la Compañía de Jesús le había llevado muchos años antes y donde luego decidiría desarrollar su carrera académica, como profesor de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Estaba a punto estaba de concluir el 15 de noviembre de 1989. Por el auricular Alicia pudo escuchar el estruendo de las balas que silbaban en torno al recinto universitario donde residía su hermano. Mientras Europa asistía al fin de la separación entre las dos Alemanias (el muro de Berlín había quedado abierto, roto pocos días atrás, el 9 de noviembre), gran parte del mundo iberoamericano permanecía inmerso en la geopolítica de la Guerra Fría y sujeto a tensiones violentas, como las que habían abocado a una guerra civil en El Salvador, iniciada en 1981. Precisamente en noviembre de 1989 la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), había puesto en marcha una intensa ofensiva para avanzar sobre la capital, motivando al gobierno a suspender las garantías constitucionales e imponer toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. A las once de la noche en un despacho de la Escuela Militar “Capitán Gerardo Barrios”, situada a cinco minutos del campus universitario la UCA, su director, el coronel Benavides, se dirige en tono marcial algunos de sus hombres para transmitirles la decisión recién tomada por los altos mandos militares: “Señores, nos estamos jugando el todo por el todo. O somos nosotros o son ellos. Estos son los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo...Ya los soldados del teniente Espinoza conocen dónde duermen los padres jesuitas y no quiero testigos”.
Sobre los intelectuales jesuitas mencionados por el coronel Benavides dije alguna palabra en un
artículo publicado hace ya tiempo en este mismo medio digital. Ignacio Martín-Baró fue uno de ellos, junto a él otros cinco más, incluyendo a dos importantes académicos también españoles, el filósofo Ignacio Ellacuría, por entonces Rector de la propia universidad de los jesuitas en San Salvador, y el sociólogo Segundo Montes, también natural de Valladolid. Desde el principio de la guerra todos ellos y el resto de sus compañeros habían liderado la opinión crítica hacía el gobierno y sus manipulaciones y prácticas represivas, denunciándolas en cada caso.
La acusación de organizadores de la guerrilla era falsa, aunque sí es verdad que llevaban años reclamando un fin negociado al conflicto (el mismo que acabaría sobreviniendo tras su muerte, en 1992). Como efecto de todo ello los jesuitas de la UCA se habían visto arrojados a una vida de inseguridad permanente. Lo explicaría Martín-Baró en uno de sus libros: "Como científico social, no es fácil vivir desde dentro un proceso tan convulso (...) La dificultad mayor proviene del riesgo que corre la vida de quienes pretenden iluminar los problemas que están a la raíz del conflicto o contribuir a la búsqueda de su solución. (...) es posible (...) que algunas de estas páginas que siguen carezcan (…) de aquella fría objetividad que se suele recomendar en el mundo académico. Nos queda como explicación el hecho de que muchas de ellas han sido escritas al calor de los acontecimientos, en medio de un cateo (registro) policial al propio hogar, tras el asesinato de algún colega o bajo el impacto físico y moral de la bomba que ha destruido la oficina donde se trabajaba".
Pero volvamos a noviembre de 1989. En la madrugada del día 16 se escuchó una fuerte explosión en el campus universitario, por obra del batallón que debía dar cumplimiento a las órdenes del coronel Benavides: la fachada de la residencia universitaria quedaba derruida. El rector Ellacuría salió en camisón a “recibir” a los soldados y seguidamente aparecieron los otros jesuitas que esa noche dormían en la universidad el campus en la UCA: Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López. Ellacuría trató de decir algo pero uno de los soldados lo tiró al suelo y ordenó a los jesuitas que se tumbarán en el césped, frente a la puerta de sus habitaciones. Las primeras balas salidas de un AK-47 acertaron en la cabeza de Ellacuría. Martín-Baró, el único que no se había vestido para dormir pronunció sus últimas palabras (“¡Esto es una injusticia, son ustedes una carroña!”) y luego las metralletas volvieron a sonar hasta que ningunos de los sacerdotes quedó vivo, salvo uno Joaquín López, que no había salido al exterior de la residencia. Los soldados lo encontraron dentro junto con dos empleadas de la universidad, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina, y los tres cayeron también bajo el fuego. Las fotografías de los asesinados recorrieron el mundo. Desteñido en sangre, con pantalón gris y polo azul, el cuerpo de Martín-Baró destaca sobre los demás.
Las reacciones de la prensa y la opinión pública internacional serían unánimes. Pasados los años los autores materiales del aquel episodio de puro terrorismo de Estado serían juzgados y condenados. Pero el sistema judicial salvadoreño se opondría a procesar a los responsables intelectuales. Sin embargo, en enero de 2009, a instancia de los familiares de las víctimas, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, radicado en Estados Unidos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco puso en marcha una nueva investigación sobre el caso de los jesuitas. Y aunque la propia Corte Suprema de Justicia de El Salvador negara al juez Velasco los correspondientes expedientes judiciales, la semana pasada saltaba la noticia de que la investigación había sido culminada con éxito al permitir la emisión de una orden de captura de 20 militares salvadores presuntamente implicados en el caso. Sin duda, una excelente noticia, sobre todo para los parientes de los asesinados, quienes nunca han desistido en reclamar justicia.