Jueves 09 de junio de 2011
La Comisión Europea ha dictado nuevas indicaciones para varios países de la UE, dentro del seguimiento que hace del cumplimiento de los Estados miembros de sus compromisos de déficit. Uno de ellos, claro está, es España. Nuestro gobierno se ha comprometido ante la UE a rebajar el déficit al 6 por ciento del PIB, pero sus planes para conseguirlo parten de una previsión de crecimiento que nadie, ni siquiera el propio Gobierno, se toma en serio. La CE le ha advertido de que nuestro crecimiento será menor y, en consecuencia, los ingresos públicos no alcanzarán lo previsto por el Ejecutivo, por lo cual tendremos que tomar nuevas medidas.
Primero, el Estado deberá rebajar el gasto. También las Comunidades Autónomas, para las que se pide, como el Partido Popular, un techo de gasto. En este aspecto el PP, después de los resultados de las pasadas elecciones regionales, tiene una especial responsabilidad. Las propuestas de Mariano Rajoy son, en conjunto, muy positivas, pero ahora hay que recordarles que con el poder llega la responsabilidad. Y que deberán demostrar hasta qué punto merecen la confianza de los españoles para gestionar con transparencia y austeridad en una situación de crisis.
Después, la CE hace una apuesta por el empleo en una economía que dobla en paro la media de Europa. Y lo hace con dos medidas muy razonables. Por un lado, exigiendo al Gobierno que cumpla con su compromiso con la reforma de la contratación colectiva, para acercarlo a un modelo más parecido al alemán. Nuestro vecino y socio no tiene, propiamente, negociación colectiva. Allí, las negociaciones se hacen empresa a empresa. Por eso la afiliación a los sindicatos cumple allí una función más importante, y la mayoría de los trabajadores alemanes están adheridos a un sindicato. En España ocurre todo lo contrario. Pero allí las relaciones laborales están guiadas más por el mercado, y por eso no ha subido apenas el paro en plena crisis económica. La otra medida es rebajar las cotizaciones sociales, que son un impuesto sobre el trabajo.
Otro de los capítulos en que ha incidido la Comisión es en el de la reforma del sistema financiero, y en particular las cajas de ahorros. La institución ha observado que, a pesar de la intensa reestructuración del sector, sigue habiendo mucha presencia de políticos en las cajas. No podemos más que hacer nuestro ese objetivo, pero la gradual despolitización de la dirección de las cajas de ahorros se irá logrando a medida que se conviertan en bancos y que los accionistas vayan exigiendo una gestión que recale principal o únicamente en profesionales del sector.
Más conflictiva es la petición de que España vuelva a subir el IVA. Es cierto que tiene mucho sentido económico reducir la fiscalidad directa y sustituirla por la indirecta. Pero lo que necesitan, tanto el Estado como los ciudadanos, es que se reactive la economía, y una nueva vuelta de tuerca en los impuestos puede resultar muy difícil de remontar. En el diseño del segundo plan de rescate de Grecia, vistos los resultados del primero, los técnicos se plantearon echarse atrás y rebajar el IVA. En cualquier caso, lo que trasluce de todo este asunto es que nuestro Gobierno sigue sin aceptar la realidad de la economía española, no le dice a los ciudadanos cuáles son las renuncias y las reformas que debemos asumir para retomar la senda del crecimiento, y opta por esperar a que Europa nos lea la cartilla y nos ponga deberes.
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