Asesinan en Medellín a Ana Córdoba, líder de los desplazados colombianos

Este martes un sicario se cobró la vida de Ana Fabricia Cordona, una de las principales líderes de los desplazados colombianos, que reclaman la restitución de sus tierras, las cuales se fueron usurpadas por el conflicto guerrillero.

Colombia vivió con estupor el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, líder de campesinos que reclaman tierras usurpadas y prima de la exsenadora Piedad Córdoba, la décimo segunda víctima desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió su cargo y prometió una Ley de Víctimas que entrará en vigor el viernes.

Con la muerte de Ana Fabricia por disparos de un sicario se elevan además a 49 los líderes de desplazados que han perdido la vida desde 2002, cuando Álvaro Uribe fue elegido presidente por primera vez. Córdoba perdió la vida el martes por la noche en el interior de un autobús en Medellín, adonde había llegado desplazada en 2001 tras el asesinato de su primer esposo.

Desde entonces, esta mujer de 51 años trabajó como cabeza visible de un grupo de personas a las que organizaciones armadas los despojaron de sus tierras en la región del Urabá. Fue así como fundó la ONG Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz) y empezó a formar parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

La muerte de Córdoba no es un hecho aislado, sino un eslabón más del signo trágico que ha cargado su familia, ya que anteriormente habían sido asesinados, además de su esposo, dos de sus hijos.

Su hija Diana Ospina Córdoba recordó que a su hermano Johnatan lo mataron en 2010 en un descampado de Medellín, crimen que testigos atribuyeron a un policía; mientras su otro hermano, Carlos Mario, fue asesinado en 2004. Y sólo horas después de la muerte de Córdoba, Diana y sus hermanos Carlos Arturo, de 18 años, y Carolina, de doce, denunciaron haber recibido temerarias amenazas en las que les dijeron: "todos íbamos a quedar igual".

Su prima, la exsenadora Córdoba, pidió una rápida investigación y "una justa sanción", así como el fortalecimiento de los programas de protección a los líderes amenazados en Colombia. "Hoy nos toca volver a llorar, más que por la pariente oriunda del Chocó, por una valiente que se sobrepuso al desplazamiento del que fuera víctima", manifestó en su página de internet.

También el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, pidió investigar si hubo participación de policías en el crimen. "Lo que ha pasado es muy grave porque éste es un asesinato que hubiéramos podido evitar", dijo Garzón, quien recordó que la víctima había denunciado públicamente sus amenazas. Y agregó que se revisarán los procedimientos del Gobierno para proteger a los amenazados, así como que en ocasiones los trámites "son demasiado engorrosos".

Pero en declaraciones a los periodistas, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aclaró que la víctima no había facilitado la información requerida para que se le hiciera un estudio de seguridad.

En términos similares se expresó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al explicar que Córdoba había rehusado en dos ocasiones a que la Policía le realizara un estudio para brindarle protección. "Tengo en mi poder dos cartas, una del 11 de diciembre de 2010 y otra del 19 de mayo de 2011 donde la persona se resistió a que se le practicara el estudio de seguridad y renunció expresamente a las medidas", matizó Vargas Lleras.

Hoy las condenas vinieron de todos los sectores y el director de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP), Marcelo Álvarez, reiteró la "preocupación por la situación de inseguridad y el estado de vulnerabilidad en la que muchos líderes de las organizaciones de víctimas se encuentran actualmente".

Álvarez instó al Estado "a garantizar de manera efectiva y oportuna la vida de estas mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos de las víctimas en Colombia, de cara a los grandes y nuevos desafíos que se emprenderán en estos temas con la nueva Ley de Víctimas".

Las exequias de Ana Fabricia se celebrarán el jueves en Medellín, en vísperas de la llegada del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para precisamente asistir a la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Tierras, con la que el Estado espera devolver los predios usurpados a los campesinos.

Numerosas organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, han reconocido las dificultades con las que se topará la aplicación de esta ley, ya que los usurpadores de tierras parecen no estar dispuestos a entregarlas.