Islandia ha sentado en el banquillo de los acusados al ex primer ministro del país, Geeir H. Haarde, por su gestión de la economía. En la acusación figura que "conocía o debía conocer" la crisis económica. La iniciativa islandesa eleva la exigencia de la población sobre el control de los políticos que la representan y recuerda al debate vivido en España, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo que la crisis no era tal, sino tan sólo una leve desaceleración económica.
Hasta el momento, los políticos en el poder han pagado su mala gestión en las urnas. Como explicó el jurista, sociólogo y ex ministro de Educación José María Maravall en la Cátedra "la Caixa" de Economía y Sociedad el pasado abril, la democracia se reduce a “expresar el contento o descontento con el gobierno cada cuatro años”.
Pero en Islandia se ha dado un paso más allá al acusar a Haarde de “negligencia grave” durante su mandato. El tribunal que lo va a juzgar es el Landsdómur, creado para procesos que afecten a miembros del gobierno y que ha permanecido inactivo en los 67 años de independencia de la isla. La imputación del ex primer ministro se produjo tras la votación del Parlamento islandés, por 33 votos a favor y 30 en contra, tras la directriz que se dio en el informe por la comisión de investigación, creada para determinar responsabilidades en la crisis.
El ex primer ministro de Islandia, Geeir H. Haarde
Concretamente, Haarde está acusado de violar la ley de responsabilidad islandesa entre febrero y octubre de 2008. Precisamente, durante ese febrero, en España se estaba viviendo un debate que marcaría las elecciones de marzo de ese año, en las que José Luis Rodríguez Zapatero consiguió su segunda legislatura como presidente del Gobierno. Tanto el propio presidente como diversos cargos de su Gobierno negaron reiteradamente la crisis económica que se avecinaba y que ya contemplaban los analistas y medios de comunicación en todo el mundo. No hay que olvidar que la chispa que encendió la hoguera de la crisis, la de las hipotecas ‘subprime’ se produjo en agosto de 2007, es decir, el año anterior.
En la retina del telespectador permanece el debate que protagonizó el ministro de Economía de ese periodo, Pedro Solbes, y la figura que eligió Mariano Rajoy como ‘primer espada’ económico, Pizarro. Las encuestas demostraron que el público consideró ganador al ministro socialista, que negó una crisis que calificó de desaceleración económica frente al ex presidente de Endesa, que defendió la gravedad de lo que se acercaba.
El tiempo demostró, no obstante, que Pizarro tenía razón. Pero, ¿se deben exigir responsabilidades a ese Gobierno de Zapatero por mentir al negar la crisis? ¿Hay en España una figura parecida al Landsdómur islandés? La hay. Se trata de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Este órgano se dedica a analizar las irregularidades de los parlamentarios y a que sean investigados o procesados si lo establece el Tribunal Supremo a través de un suplicatorio. Como en el caso islandés, la decisión de la comisión se puede someter a votación del Congreso o del Senado, dependiendo de a cuál de las dos cámaras pertenezca el responsable que se pretende investigar.
En otros países europeos existen instrumentos similares a este para controlar a los políticos que ejercen el poder y poder juzgarlos si existen evidencias de que han cometido un delito.
Pero, ¿es punible negar una crisis económica en marcha? A la doctora en Filosofía, Ana Marta González el dilema ético que se abre tras la actuación de Islandia le resulta un tanto espinoso: “Es razonable pedir cuentas”, declara a EL IMPARCIAL, “pero el modo de hacerlo me genera dudas”. Explica que se suele invocar a los expertos como la autoridad en materia de economía, pero se pregunta: “¿Quién controla a los expertos?, ¿nos vamos a subordinar a ellos?”. Esto, considera, es “peligroso”.
Además, cita el caso del debate entre Solbes y Pizarro. A su juicio, el PSOE gestionó en aquella ocasión las apariencias, las imágenes, que tienen “un peso enorme”, a juicio de González, en la sociedad actual. Por ello, el Gobierno logró convencer de que la crisis no se cernía sobre España. “La sociedad se dio cuenta cuando le alcanzó al bolsillo”, opina, “pero debería haberla notado antes”. A pesar de ello, reitera la responsabilidad de los políticos en su mala gestión.