El 15-M pone en evidencia a Rubalcaba

Las últimas manifestaciones ilegales del conocido como 15-.M frente al Congreso de los Diputados y las Cortes valencianas están restando toda legitimidad a un movimiento que comenzó, hace ya casi un mes, teniendo justificación y sentido. Pierde legitimidad porque no se puede exigir una “democracia real” con métodos absolutamente antidemocráticos como son, para empezar, tratar de bloquear las Cámaras que representan, precisamente, al conjunto de la ciudadanía –por lo menos, lo hacen mientras nuevas elecciones no demuestren lo contrario. ¿O es que los centenares de personas que se congregaron ante el Congreso representan con mayor legitimidad a 47 millones de personas que los diputados que han sido elegidos de la mejor forma de expresión democrática, el voto? Si lo que se cuestiona es la ley electoral –algo perfectamente legítimo- también para cambiarla hay que votar y sujetarse a los procedimientos legales establecidos.

Lamentablemente, lo que empezó siendo una protesta comprensible y casi hasta necesaria de una sociedad hastiada por una clase dirigente que se ha convertido más en el problema que en la solución y que se ha mostrado incapaz de evitar el desastre económico en el que está sumida España, ha acabado derivando en un movimiento del que sólo quedan los personajes más pintorescos y cercanos a sectores antisistema y de la izquierda más rancia y arcaica. En este sentido, llama poderosamente la atención que las manifestaciones coaccionen a las Cortes, ya sean Valencianas o Generales –lo cual es un delito- y no se dirijan a La Moncloa, sede del Gobierno y, como tal, primer responsable de la situación en que nos encontramos.

Prueba de su carácter poco democrático es su empeño en ocupar la vía pública sin preocuparse por el enorme perjuicio que esto pueda ocasionar al resto de la ciudadanía. Actitudes como ésta no denotan otra cosa que el mismo ensimismamiento, soberbia y sentimiento de impunidad que los acampados achacan a esa clase política contra la que dicen protestar.

Precisamente los grandes damnificados del 15 M, los comerciantes de Sol, han anunciado que denunciarán a Rubalcaba por las enormes pérdidas económicas –se calculan en 30 millones- que llevan sufriendo desde el comienzo de las protestas. Resulta incomprensible e injustificable que el ministro de Interior haya eludido su obligación de “hacer cumplir la ley” –lo que se puede considerar un delito de prevaricación- por el miedo a dañar su imagen de candidato. No queda otra explicación que justifique la pasividad de la Policía frente a unas protestas que, si bien tenían razón de ser, la perdieron desde el momento en el que dejaron de respetar las reglas de esa democracia por la que, paradójicamente, llevan un mes acampados.