Una reforma a mitad de camino

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que es el texto, según el vicepresidente Pérez Rubalcaba, que los agentes sociales se quedaron “a quince minutos” de acordar. Está basado, es cierto, en los puntos en que sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo. Pero lo que quedaba por fijar de forma comúnmente aceptada era tanto y tan principal que el Gobierno tenía, en realidad, mucho margen de maniobra para hacer, si hubiera querido, la verdadera reforma laboral que necesita España y que nos exigen nuestros socios europeos y el FMI.

Lo primero que cabe plantearse es si verdaderamente necesitamos una reforma laboral. Para los expertos en la materia, de eso no cabe duda. Las comparaciones internacionales del mercado de trabajo español con los del resto de países nos dejan en muy mala posición, como uno de los menos libres y flexibles del mundo. Ese modelo es el que fuerza a la economía española a realizar los ajustes en forma de desempleo en lugar de hacerlo en los salarios, y ello explica la lacerante tasa de paro en España, que nos acerca más a un país en desarrollo que a nuestros socios de la UE o de la OCDE. Dado que la estructura básica de nuestra regulación laboral es heredada del paternalismo franquista, todo ello es conocido, y reconocido, de muy antiguo. Que España no haya dado el paso de modernizar el modo en que empresarios y trabajadores llegan a acuerdos no dice mucho ni de nuestros políticos ni de la propia sociedad.

Pero vivimos una crisis económica, la más dura que pueda recordar cualquier español. No ya por lo profunda de la misma, sino por lo prolongada. De hecho, estamos aún en plena crisis, sin que su salida se pueda ver todavía con claridad. Las crisis son el comienzo de la recuperación, ya que consiste en un conjunto de procesos que liquidan las malas inversiones que, cuando se realizaban, ofrecían esa falsa prosperidad del boom. En esos procesos de ajuste, es muy importante que el mercado laboral sea flexible, para permitir que los salarios se ajusten a la situación real de la economía y, sobre todo, que los trabajadores puedan desplazarse de los proyectos que tienen que liquidarse a los que son todavía necesarios. Aunque dolorosos, cuanto más efectivos y rápidos sean esos cambios, antes se efectuará el inevitable ajuste y, en consecuencia, comenzará asimismo un crecimiento sostenible y sano.

Pero en el contexto actual hay un motivo añadido para flexibilizar nuestro mercado de trabajo, y es ahí donde entran las exigencias de la UE y del FMI. España, como varios de nuestros socios europeos o países como Estados Unidos, han buscado en el gasto público el alivio de la crisis. Pero hacer grandes gastos poco productivos es un alivio tan falso e insostenible, como la prosperidad durante el boom, por lo que no hemos salido de la crisis y los Estados han asumido deudas cuyo pago futuro está en entredicho. Es el caso de España. Para la UE y el FMI, que temen la posibilidad de tener que rescatar nuestra deuda pública, una reforma laboral es fundamental por tres razones. La primera es que favorecería el ajuste económico, acortaría la crisis y ello permitiría un mayor crecimiento más temprano. La segunda es que, derivado de lo anterior, los ingresos públicos crecerían más rápido y ello permitiría financiar el peso de la deuda. Y la tercera es que un menor desempleo rebajaría, a su vez, el gasto público derivado de las prestaciones y los gastos sociales.

Todo ello nos ha llevado a donde estamos. Pero los intereses electorales de Alfredo Pérez Rubalcaba no le han permitido al Gobierno ir tan lejos como debiera. La reforma aprobada el viernes, y que aún tiene que pasar el trámite parlamentario, da importantes pasos en el buen sentido, como el tímido aumento de la flexibilidad interna. Pero son cambios muy someros, que se quedan a mitad de camino de una verdadera reforma. Desde el BCE ya se ha señalado la inadecuación del cambio legislativo para atender nuestras necesidades y nuestros compromisos. De nuevo la política ha interferido el buen sentido. Más de cuatro millones de parados tienen hoy más motivos para sentirse defraudados.