de este modo, están obligados a permanecer en el cargo hasta su renovación
Lunes 13 de junio de 2011
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha decidido hoy no aceptar la renuncia del vicepresidente de este órgano, Eugeni Gay, y de los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que han dimitido en protesta por la no renovación del tribunal.
Así lo ha informado el Constitucional después de que esta mañana se conociera que los tres magistrados, cuyo mandato finalizó el pasado mes de noviembre, habían formalizado su renuncia en protesta por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP en el Congreso para proceder a su renovación.
La marcha de Gay, Delgado y Pérez Vera hubiera dejado al Constitucional con el quorum mínimo para seguir tomando decisiones, que la ley establece en ocho magistrados.
Un TC "secuestrado"
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, asegura en la carta de renuncia que presentó el pasado 8 de junio al presidente de la institución, Pascual Sala, que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".
En la misiva, de cinco folios, Gay señala que el retraso en la renovación de su plaza y la de los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado constituye "una grave disfunción" que atribuye al "manifiesto incumplimiento por parte del Senado de su ineludible obligación" de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos representantes.
El magistrado, nombrado a propuesta del PSOE, asegura a Sala que él sabe "cuántas veces de manera infructuosa" insistió durante el mandato de la anterior presidenta, María Emilia Casas, en la necesidad de que el tribunal se dirigiera al presidente del Senado, Javier Rojo, y a los "responsables de los partidos políticos mayoritarios en las personas de sus secretarios generales para que dieran cumplimiento al mandato constitucional".
"La situación en la que nos encontrábamos y los temas sobre los que debíamos deliberar y fallar exigían el escricto y escrupuloso cumplimiento del respeto al principio del juez predeterminado por la ley, en este caso por la propia Constitución", afirma.
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