Pasan a disposición judicial los cinco detenidos tras los incidentes en Barcelona

Los cinco detenidos por los incidentes del miércoles ante el Parlamento catalán que quedaban por pasar a disposición judicial han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia, según han informado fuentes policiales. Los últimos cinco arrestados declararán este viernes ante el Juzgado de instrucción 21 de Barcelona, que instruye las diligencias. El juez decretó este jueves libertad provisional para uno de los detenidos por los incidentes, pese a que la causa sigue abierta por los delitos de resistencia y desobediencia; el detenido se acogió a su derecho a no declarar.

Cinco de los "indignados" detenidos durante los incidentes ocurridos el pasado miércoles ante el parque de la Ciutadella de Barcelona, cuando intentaron bloquear los accesos al Parlament, han pasado hoy a disposición judicial, han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los detenidos han sido conducidos por los Mossos hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde durante el día de hoy está previsto que presten declaración ante el juez.

Uno de los detenidos en el transcurso de los incidentes del pasado día 15 ya fue conducido ayer ante el juez, que le puso en libertad, aunque con cargos de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Un séptimo detenido durante los altercados, menor de edad, ya pasó también a disposición de la Fiscalía de Menores.

En principio, los detenidos están acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y también de daños, aunque fuentes de los Mossos han precisado que la investigación sigue abierta para acabar de determinar las responsabilidades de los detenidos y de otras personas que participaron en los hechos.

En este sentido, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, indicó ayer en rueda de prensa que, además de los siete detenidos durante el pasado miércoles, la Policía ya ha identificado a una decena de violentos y adelantó que esta cifra va a aumentar en el transcurso de la investigación.

La Fiscalía estudia si se puede aplicar a alguno de los responsables de los incidentes el artículo 498 del Código Penal, que castiga con penas de tres a cinco años de prisión a "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones".