JESÚS MORA, DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO
Miércoles 09 de enero de 2008
El magistrado encargado de la trama de corrupción conocida como "Operación Guateque", Santiago Torres, ha imputado al director de Seguridad del Consistorio, Jesus Mora, un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad.
Jesús Mora ya ha prestado declaración ante el juez Torres así como Rafael Torres Ruiz, responsable de la sociedad Taket Corporate, que ha gestionado la distribución de la revista y ambos han sido imputados.
El asunto comenzó cuando Jesús Mora decidió divulgar entre todos los agentes de la Policía Municipal de Madrid, unos 7.000 policías, una revista denominada Madrid Seguro, con el objeto de "dar a conocer a todos los agentes las iniciativas, proyectos, planes y programas en el Cuerpo de la Policía Municipal".
Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista, y así, el Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos casos la adjudicación no se hizo a través de concurso público con la escusade que ninguno de los dos encargos superaba los 12.000 euros y con alguna irregularidad, según las primeras investigaciones.
Según UPM, el sindicato que denunció el caso, ya se comete una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los de éstos. Por lo que UPM lo denunció ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística de un determinado modelo de gestión y al remitirse a los domicilios particulares sin usar el correo interno para su distribución.
La Agencia de Protección de Datos abre una investigación que concluye con el archivo del caso. Sin embargo, Jesús Mora incurre en contradicciones y no aclara ni cómo ni cuándo contrató a la empresa distribuidora. Lo que permite a UPM observar que hay un presunto delito y denuncia el caso en el juzgado. El pasado septiembre Santiago Torres decidió comenzar una investigación e imputarle por prevaricación y falsedad documental.
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