La SGAE crea una Comisión Rectora y abre una investigación interna

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido abrir una investigación interna para comprobar el posible desvío de fondos en la entidad y crear una Comisión Rectora que asumirá todas las funciones de su Consejo Directivo.


Miembros de la Junta Directiva de la SGAE han comparecido ante la prensa y han expresado su solidaridad con el presidente de la entidad, Teddy Bautista, según ha señalado Víctor Manuel. Además, han decidido abrir una investigación interna para comprobar el posible desvío de fondos en la entidad y crear una Comisión Rectora que asumirá todas las funciones de su Consejo Directivo.

Teddy Bautista quedará a disposición de la nueva comisión rectora de la Sociedad General de Autores y Editores, por lo que sigue provisionalmente hasta el 12 de julio como presidente del consejo de dirección de la SGAE, han anunciado cinco miembros de la nueva Junta Directiva. La cúpula directiva entrante de la SGAE, representada por Víctor Manuel, Ernesto Caballero, Sabino Méndez, Juan Ignacio Alonso y Caco Senante, ha anunciado que esta comisión estará dirigida por una persona externa, independiente y de reconocido prestigio.

Por el momento, ha explicado Víctor Manuel, queda en suspenso cualquier nombramiento y se aplaza la designación de un nuevo Consejo, que debía formarse en una reunión de la Junta Directiva que estaba originalmente prevista para el día 12. Los miembros de la Junta han querido expresar su "solidaridad con las personas y familias del presidente y de los directivos que han sido puestos en libertad, sin medidas preventivas". Y han reiterado su confianza en la inocencia de Bautista y de los otros directivos de la SGAE implicados, pro lo que estrecharán la colaboración con la Justicia.

Bautista fue señalado ayer en el auto redactado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como una de las presuntas piezas de la trama empresarial "parasitaria" que ha salpicado a la SGAE, al haber presuntamente "autorizado, consentido y también impulsado" un desvío de fondos ideado por José Neri, director de la SDAE, la filial digital de la entidad gestora de derechos de autor.

En cuanto a la posibilidad de repetir las elecciones de la SGAE, que se realizaron el día anterior al registro de la entidad y a la detención de nueve personas, los miembros de la Junta han asegurado sentirse "absolutamente legitimados".

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decretado este martes prisión eludible bajo fianza con 300.000 euros al director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, acusado de apropiación indebida continuada y administración fraudulenta en la trama de la SGAE.

El magistrado ha dejado sin embargo libres a su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, después de interrogar durante la jornada de este lunes a estos cuatro últimos detenidos en la conocida como 'operación Saga'.

Les acusa de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario en el caso de Neri y de alzamiento de bienes en el caso de Ramos.

Rodríguez Neri, pieza fundamental de la causa y primero en declarar, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal José Miguel Alonso durante cuatro horas y media. Después ha sido el turno del director de Microgénesis, Ramos, que ha declarado por espacio de tres horas. Las hermanas García Pombo fueron interrogadas en último lugar durante poco más de una hora.

Esta decisión se produce después de que el magistrado decretara ayer la puesta en libertad, en este caso sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, y dos altos cargos de Microgénesis S.A.: la principal accionista de la empresa Elena Vázquez y el director financiero Celedonio Martín.

El magistrado imputa a todos ellos delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).

Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. Contra Elena Vázquez pesa también una imputación por alzamiento de bienes.

El juez impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE y de Microgénesis, no consideró que exista probabilidad de fuga.