Nada en el entorno de ETA es legal

La detención de la abogada Arancha Zulueta, habitual defensora de la izquierda abertzale, no es baladí. La copiosa documentación intervenida a la letrada revela que ETA quería saber cuáles eran exactamente las medidas de seguridad de la Audiencia Nacional: ubicación de despachos, controles policiales y turnos de los funcionarios entre otros detalles relevantes. Así mismo, también se han hallado en su despacho profesional soportes informáticos que han permitido la localización de zulos con armamento y explosivos, listos para ser utilizados. Gente como ella, Iñigo Iruin y Jone Gorizelaia han sido responsables durante años de que más de un terrorista eludiese su condena o la viese rebajada de manera sustancial gracias su conocimiento de la ley.

Precisamente, eso les hace más peligrosos. Muestra, además, lo que en reiteradas ocasiones han venido a decir diversas instancias judiciales: ETA no son sólo los comandos, sino los que les amparan, justifican y dan cobertura legal. Como Arancha Zulueta. Tan es así que en el auto de procesamiento la propia Audiencia Nacional se refiere a ella como “conocedora de estas instalaciones”. Y de mucho más, a tenor de lo hasta ahora descubierto. Ello debe hacer reflexionar también a cierto sector de la judicatura de España acerca del excesivo garantismo de ciertas resoluciones, como la puesta en libertad ayer del ex jefe de ETA; Iñaki de Rentería, en contra del criterio del fiscal. El entorno etarra es lo que es, y a estas alturas está perfectamente claro cuáles son sus motivaciones. Por más que quieran hacer un uso torticero de las leyes, no pueden seguir sirviéndose de ellas para alcanzar sus fines. Eso es fraude de ley. Y una inmoralidad.