SEPARACIÓN DE PODERES
Sábado 16 de julio de 2011
La fecha de celebración de las próximas elecciones generales se está convirtiendo en un problema, cuando en realidad éstas deberían ser la solución. Las elecciones son la única y última oportunidad para la sanación de nuestra patológica deriva. Y, sin embargo, quien (aparentemente) dispone del poder absoluto para apretar el botón nuclear de la convocatoria se mueve dubitativo entre diferentes alternativas. No da la impresión de que, en el tiempo de descuento en que nos encontramos, sean los generales los intereses que se están ponderando, sino que mas bien lo son los derivados de la presunta obtención del mayor rédito político para quien tiene en sus manos el dispositivo.
Según los “predictors”, conocidos vulgarmente como sondeos de opinión, no pinta bien para los titulares del poder de llamar a la convocatoria, aun cuando el cambio de apellido —de Rodríguez a Pérez- pretende contener la sangría de desertores, desengañados y hartos. No será fácil ni siquiera para quien es presentado como un ilusionista del transformismo capaz de ganar batallas en las que previamente se le haya dado por muerto, como el Supercid de la España contemporánea.
Los medios de comunicación se han hecho eco en horas veinticuatro del rumor, aparentemente reservado hace tres días a una élite de enteradillos de los cenáculos habituales, de la ya dada por cierta anticipación. La fecha mágica coloreada en azul magenta en el calendario parece ser el domingo 27 de noviembre.
Para algunos una fecha a la vuelta de la esquina pues sólo faltan cuatro meses y unos días, de los que una parte importante se come el inhábil verano agosteño. Para otros comporta un “largo me lo fiáis”, ya que aún supone una larga espera en una situación (dramática) que no debe dejar resquicio alguno para la siesta.
¿Cabría situarlas en octubre? Perfectamente, sin ningún problema y sin interferir ni perturbar el veraneo de nadie. Desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones han de transcurrir cincuenta y cinco días, es decir un poco menos de dos meses. Así lo establece la Ley Electoral. Cabe, en consecuencia, preverlas (adelantarlas) para octubre mediante la publicación del Decreto a primerísimos de septiembre e incluso a finales de agosto, dado que los primeros días iniciales del calendario electoral sólo afectan a la organización interna del proceso. Así pues, no encontramos obstáculo ni formal ni material para que las elecciones tengan lugar entre los domingos 23 y 30 de octubre.
Ese mes de anticipación podría ser determinante, decisivo, en el estado actual de cosas, poco apto para dilaciones políticas. En los estertores de la legislatura, ante el desánimo generalizado de los ciudadanos y ante la presión de las agencias de rating, y el atemorizante riesgo-país, no son aconsejables más retrasos. Cuanto antes se pronuncie el teórico soberano, mejor para todos, pues el fuego salvífico de las elecciones es como el de las fallas valencianas: regenerador y purificador (que es lo que hace falta).
En fin, si quien puede (y debe) no ejerce (como debe) en su potestad de puesta en marcha del proceso electoral —cuanto antes y sin excusas- tal vez desde alguna instancia internacional o comunitaria se impongan los términos y condiciones. Y será mejor... evitar la humillación (aunque a algunos ya todo les importe poco).
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