Argentina: el calvario de los hijos del "Clarín"

Pese a que los exámenes genéticos confirman que Marcela y Felipe Herrera de Noble, hijos adoptivos de una de las dueñas del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, no forman parte del grupo de niños robados durante la última dictadura argentina (1976-1983), el gobierno a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, así como las Abuelas de Plaza de Mayo, insisten en hallar la verdadera procedencia de estos hermanos.

Sin embargo, los jóvenes implicados son dos adultos de 35 años y solamente a ellos les corresponde investigar o no su verdadero origen y no el Estado argentino. Bajo el paraguas del sufrimiento de un período oscuro en la historia de la nación austral y de la necesidad de reparar el daño ocasionado a una generación, la política justiciera del ejecutivo de Fernández aprovecha esta triste coyuntura para arremeter contra uno de los grupos de comunicación más fuertes del país, que curiosamente, es uno de sus más críticos a su gestión, poniendo el “dedo en la herida” en uno de los asuntos más delicados y dolorosos de la sociedad argentina.

Los hermanos Herrera de Noble se sometieron voluntariamente hace un año a un análisis genético para descartar o confirmar si entraban en el saco de los “hijos robados”. Los exámenes dieron negativo y el resultado debió darle carpetazo a la polémica. No obstante, la Casa Rosada y las Abuelas insisten en demostrar lo contrario por encima de la ciencia y las pruebas.

Si bien el Gobierno argentino quiere subsanar un enorme daño ocurrido tres décadas atrás, y las abuelas y madres de las víctimas de la dictadura, tienen el derecho y la necesidad muy humana de encontrar a sus hijos y nietos, existe una frontera que hay que respetar: la voluntad de los niños de la generación “Operación Cóndor”: a día de hoy, adultos de más de veinte y treinta años sobre quienes recae la decisión de hallar o no sus verdaderos orígenes. Son ellos, y no el Ejecutivo o las Madres y Abuelas de Plaza de mayo los que tienen la última palabra.

Todos necesitamos saber de dónde venimos, sobre todo aquellas personas a las que se les hurtó una vida. Sin embargo, esto es una decisión personal y no política, que corresponde al ámbito privado y no público, por lo que es en esta frontera, el limite en el que comienza los derechos de los “hijos robados”, en donde termina el del gobierno y el de las Abuelas para determinar “quien pertenece a quien”.