El despropósito de Leire Pajín en Sanidad

A la ministra de Sanidad no se le ha ocurrido nada mejor que decirle a los médicos qué deben recetarle a sus pacientes. Ese es el espíritu de las medidas acordadas por el Consejo Interterritorial, que incluyen la receta de medicamentos por principio activo -genéricos- y no por marca. Según Pajín, “redundarán en garantías para las prestaciones del sistema sanitario puesto que servirán para pagar a los proveedores”. O lo que es lo mismo, criterios puramente economicistas -que son de alabar- pero no en detrimento de los sanitarios.


Es un hecho que determinados comportamientos de la industria farmacéutica pueden tildarse de abusivos. Prácticas monopolísticas, márgenes comerciales excesivos y una cierta falta de sensibilidad social son, entre otros, los cargos que con más frecuencia se le suelen atribuir. Pero más allá de aspectos puntuales, quienes desarrollan las medicinas que prescriben los facultativos sanitarios son empresas privadas. De sus beneficios salen las partidas económicas destinadas a investigación, tan necesaria en el ámbito de la salud. Es sencillo hacer demagogia satanizando a la industria farmacéutica -otro día le volverá a tocar a la banca-, pero carente de sentido.


El gasto sanitario es el que es y, sin duda, puede reducirse, pero no a costa de la calidad de los fármacos. Cada médico prescribe lo que más conviene a su paciente no en función de su precio, sino de la idoneidad del fármaco en cuestión. Obligarles a recetar el más barato per se sólo se le puede ocurrir a alguien cuyo conocimiento de la profesión médica sea nulo, caso de Leire Pajín. Las consecuencias económicas tanto para la industria como para las oficinas de farmacia van a ser muy negativas. Por el contrario, el ahorro que semejante iniciativa pretende lograr será apenas perceptible. De cualquier modo, la culpa no es sólo de la ineptitud de la ministra sino de quien, sabiéndolo, la puso en el cargo.