III- Julio de 1936, 75 años después: nunca más

Desde muy temprano, la República se había visto más asediada que apoyada por un gran partido de derecha católica, la CEDA, de ambigua lealtad pero genuinamente legalista y un partido socialista leal, aún cuando mayoritariamente partidario de métodos ilegales y violentos, al servicio de objetivos revolucionarios. No eran unos mimbres muy prometedores. Que una parte sustancial del PSOE quisiera hacer la revolución y un partido derechista emborronar la Constitución con tintes católico-corporativos, deberían haber sido, para gobiernos comprometidos en el arraigo y estabilidad de una república democrática y liberal, datos del problema -nada inusuales, por otra parte, en aquel tiempo turbulento. Para republicanos tout court, se trataba, sin duda, de un planteamiento poco risueño, cuya complicación y volatilidad aconsejaba precisamente prudencia y compromiso, al tiempo que temple e imparcialidad. Hicieron lo contrario.

También la III República francesa hubo de vérselas en sus comienzos con los revolucionarios de la Commune y con mayorías monárquicas contrarias a la República, gestionadas por gobiernos des notables de la vieja Francia (D. Halévy). Thiers creía habérselas con una Asamblea dividida entre locos y malvados y se veía amenazado por la folie blanche (Saint Genest), en forma de una vociferante opinión católica que impuso la construcción del Sacre-Coeur, como expiación del sacrilegio communard y de las señales de Satán: el prusiano vencedor y el Papa destronado; una marea de peregrinos que recorría Francia en agresivas manifestaciones clericales y legitimistas, blandiendo amenazadoramente con sus bastones el drapeau blanc del conde de Chambord, pretendiente al trono de San Luis.

Precisamente por ello, los republicanos franceses manejaron lo delicado de su situación con la sagacidad que les pedía Gambetta. Aplicaron implacablemente la ley a los unos y forzaron a los otros a moverse dentro de la constitución pero sin regatearles el poder que les llegaba de las urnas. Calvo Sotelo señaló en las Cortes que la III República no era tanto fruto de la revolución como resultado de la represión de la Comuna. Una afirmación polémica pero no del todo desenfocada. Porque, en efecto, los republicanos franceses apoyaron la normativa excepcional que siguió a la implacable represión de la Commune durante casi diez años. El estado de sitio se mantuvo hasta 1876 y la amnistía no llegó hasta 1880. La celebración del catorze Julliet permaneció prohibida mucho tiempo y, tanto la Marsellesa como la Tricolor estuvieron durante años reducidas al ámbito militar (R. Sanson). Pero, sobre todo, los republicanos franceses se inclinaron por la estrategia política inversa a la de sus homólogos españoles. Se alejaron del radicalismo, aliándose con los orleanistas. Al revés que los republicanos españoles tras la revolución de Asturias, los franceses aprovecharon la Comuna para repudiar –en lugar de jalear- al diezmado obrerismo revolucionario, imponiendo implacablemente la ley a unos y otros, hasta convertir a los agitadores legitimistas y al clericalismo radical en imagen de incertidumbre y anarquía, mientras la III República arraigaba como símbolo de orden y legalidad (Gambetta).

Por el contrario, sus correligionarios españoles actuaron divididos o apoyándose en coalición con un partido socialista mayoritariamente bolchevizado y radicalizado. Los gobiernos del Frente Popular se movieron con la idea de que la tolerancia de los desmanes apaciguaría a los revolucionarios, confiando además que la previsible rebelión de la derecha se consumiera en un pronunciamiento fracasado al viejo estilo, cuya fácil represión permitiera imponer de inmediato todo el programa frentista. Pero ambos cálculos fallaron: la lenidad, en lugar de reducir, alimentó la espiral revolucionaria; y el sectarismo sesgado del gobierno provocó una sublevación cívico-militar de fuerte carácter nacionalista que arrastró a grupos demasiado numerosos, mayoritarios quizá entre las clases medias.

Una gestión desastrosa de la catástrofe en aquellos dramáticos “Tres días de Julio” cerró el círculo del desacierto: el terrible acuerdo del gobierno Giral de armar al pueblo (Portela) –léase a sindicatos revolucionarios- desató la revolución, sangrienta, pero incompetente y también largamente esperada, que la horrenda culpa de la sublevación había propiciado (Azaña). Lo poco que restaba de República democrática pereció devorada por el Saturno revolucionario (Azaña). La República, en efecto, perdió la iniciativa política que todo gobierno legal tiene ante una sublevación. El hundimiento de la legalidad en la retaguardia republicana convirtió a Franco en referente del orden, perdiendo la República la legitimidad ante la mayor parte de la burguesía española y, con ella, probablemente la guerra. No me parece una hipótesis descabellada considerar que, ante el macabro dilema de orden sangriento, pero orden al fin, y el caos revolucionario del "otro" lado, que tampoco era manco, una parte muy considerable de la burguesía española -quizá la mayoritaria- "prefiriera" (Portela) "mieux la terreur blanche", como le hace decir Marx a aquel político francés (Baraguey d'Hilliers) mediado el ochocientos. Para demasiados, resultó menos malo "una autoridad, aunque fuera coja, al desorden incivil" (Portela) -eso, guste o disguste, es lo que debió pensar una parte considerable de la burguesía española enfrentada a aquel infernal dilema. Demasiado tarde, Azaña, que había equivocado el camino, acertó con el epitafio: la indisciplina, anarquía [y] desorden sangriento de las calles de Madrid y Barcelona sellaron el destino de la República.

En el verano del 36 se esperaba una ocupación record en los centros vacacionales (J.P. Fusi). Parece, pues, que muchos españoles pensaban más en veranear –o recoger la cosecha- que en matarse. Es un hecho, que la Guerra de España no generó un entusiasmo desbordante à la Valmy. Sobraron, qué duda cabe, muertes, penalidades y crueldades pero ninguno de los dos bandos produjo una oleada de fureur populaire en masse. La proporción de combatientes fue reducida, en relación a la masa de población en edad militar. Quizá, no sea aventurado suponer que la mayoría de la población se vio arrastrada a la tragedia por políticos profesionales, conspiradores y agitadores de ocasión y sus seguidores más politizados, sin duda, numerosos y extremadamente activos, pero reducidos en número, en relación a la población total.

La Guerra, pues, sólo fue inevitable para quienes la querían provocar. Pero es un hecho que buena parte de los profesionales de la política, de la agitación y de la conspiración compraron casi todas las papeletas en esa tómbola macabra. Una afirmación que no ambiciona explicar lo ocurrido pero que ayuda a comprenderlo, sin necesidad de compartirlo. Aquellos profesionales del poder, agitadores revolucionarios y conspiradores por dedicación, de uno y otro bando, hicieron cálculos extremadamente arriesgados, más explicables como un síndrome de la psicología de la agresión y voluntad de exterminio (Fornari) que como producto de un análisis lógico. No pensaron –reconoce todavía hoy Santiago Carrillo en una confesión estremecedora pero que bien podía repartirse entre casi todos los actores de ambos bandos- que la trágica aventura durara tanto y terminara en un descalabro de tal envergadura. Los militares rebeldes no calcularon que un golpe mal organizado y desarticulado tenía grandes probabilidades de fracasar en demasiados lugares, fraccionando y compartimentando el territorio, como así ocurrió, para componer un primer mapa de enfrentamiento civil. El Gobierno, en lugar de actuar, optó por esperar el estallido del furúnculo, en la inteligencia de que se trataba de un pronunciamiento al viejo estilo; es decir, aquella política de fuerza, diseñada para ejercer una coacción que produjera una sustitución del gobierno, sin desencadenar un enfrentamiento a gran escala, sangriento y prolongado. Pero se dio de bruces con un movimiento cívico-militar de enormes dimensiones, parcialmente fracasado pero implacable, que se llevó por delante, junto al régimen republicano, hábitos, costumbres e instituciones seculares del liberalismo parlamentario español. Y los revolucionarios, que recibieron la rebelión como aurora de revolución, llamando con entusiasmo “¡a las barricadas!”, no debían de haber leído a sus profetas (Engels), ni aprendido de sus verdugos (Thiers) que, tras Termidor, y mucho más después de la Commune (Marx), el éxito de una revolución moderna es proporcional a la disposición y cohesión del Ejército regular (Trostky). Al revés que sus viejos correligionarios, que contestaron a la rebelión de gran parte del Ejército en 1873, aumentando y reforzando sus efectivos regulares (Salmerón y Castelar), los jacobinos y sindicalistas revolucionarios de 1936 disolvieron lo que les quedaba de cuerpos profesionales, para confiar su defensa a unas milicias tan reducidas en número como incompetentes. Cuando se pusieron a reconstruir el nuevo ejército regular de la República, ya era demasiado tarde.

No más pactos, si quieren una guerra civil, que la hagan -sentenciaba Álvaro de Albornoz en Diciembre de 1931, cuando todavía, según Prieto, la demagogia era la musa preferida. Y, en efecto, aquellos cálculos, en buena medida disparatados y, en todo caso, sumamente arriesgados y aventurados se saldaron en una tragedia -diríamos parafraseando a Tácito- preparada por pocos, apoyada por algunos y perdida por casi todos. Porque hasta los vencedores se hicieron un daño a sí mismos (Azaña) infinitamente mayor que el que deseaban destruir (Prieto). La perdimos incluso quienes no habíamos nacido porque el resultado de tamaña desdicha fue la ruina nacional (Prieto). Cuando yo pude votar en 1977 tenía 34 años y ejercí mi derecho al sufragio junto a mi madre, que también lo hacía por primera vez.

La democracia –nos explica Hayek- es la consecuencia no planeada, aunque si celebrada, del disenso y la confrontación. Pero no arraiga ni sobrevive sin La aceptación del adversario (C. Dardé), para evitar que se convierta en enemigo y la competencia se resuelva en violencia. Solón reconocía que la “tiranía” –que era como los clásicos llamaban al poder descontrolado- era una gran posición para los líderes. Pero puede que fuera el primero en pensar que carecía de línea de retirada (Plutarco). Y, tras experiencias dolorosas y aleccionadoras –la reflexión es de Prieto tras la derrota-, muchos políticos llegaron a la misma conclusión desde tiempos clásicos. Así comprendió trágicamente Azaña que, en 1930, se habían equivocado porque los gobiernos no eran eternos. Hemos visto a ciertos republicanos –escribía el Presidente de la República en La velada de Benicarló- desfogar su impotente ambición en una demagogia descabezada, creyendo –ahora vuelve a hablar Prieto- que una parte se basta para imponer su voluntad a todos. Por eso, comprendieron los doctrinarios franceses, escaldados tras las experiencias de la Revolución, que la única forma segura de hacer política consistía en gobernar sin olvidar el punto de vista de la oposición (Constant), “aceptando que la mayoría de hoy pueda convertirse en minoría mañana” (Touraine). Porque, la democracia “es la política del reconocimiento del otro” (Ch. Taylor) y, “la cultura democrática”, la protección “de la diversidad” (Touraine).

Azaña, a toro pasado (1938), lo explicó con la claridad del remordimiento, en sus reflexiones sobre una tragedia consumada y una guerra perdida: un régimen que aspire a durar necesita una táctica basada en un sistema de convecciones. Un pacto –insistía Azaña- como aquel que se atribuyó a los valedores de la Restauración. “Transición pactada, democracia traicionada”, un slogan que resume la reciente crítica de la Transición y que hubieran suscrito los republicanos de primera hora, que no tras la amarga experiencia de la Guerra y el exilio. Una filosofía política que se diría asentada en el supuesto de que, sin ruptura revolucionaria, el pacto político se degrada inevitablemente en una “democracia otorgada” (G. Hermet). Se trata de una literatura fundamentada en una idea curiosa que parece contraponer la noción de pacto y acuerdo con la de libertad y democracia. Quizá el problema del razonamiento venga arrastrado por una confusión entre principios (constituyentes) y programa (político); régimen y partido. Una confusión que lastró del sistema y el funcionamiento político de la II República. Una confusión, en fin, evitada en la Transición. Porque todos los principales partidos políticos consideraron que “la coexistencia en tensión pacífica t[enía] un valor muy superior al de cualquiera de los fines u objetivos específicos de su programa o ideología propios” (F. Rubio Llorente). Palabras que parecen simétricas de las recogidas en la diaphorá de reconciliación de Nakonè -una pequeña ciudad siciliana, a principios del siglo III antes de nuestra era- encaminadas a “hacer entender a los ciudadanos más exaltados” que lo que les unía era más importante que lo que les dividía (Van Efenterre).

En la ciudad sin reyes –nos dice Livio en el Libro Segundo- la libertad sólo es posible desde la concordia, estrechando lazos entre los corazones de los ciudadanos, no existiría sin la fraternidad ni persistiría en la discordia. En el mito clásico de origen, demokratia se asoció a koinonía, la amistad cívica, desde una filosofía política de concordia como declinación legal de un sistema de acuerdos para gestionar la discrepancia. Tras la guerra civil entre atenienses al finalizar el siglo V, antes de nuestra era, la reconciliación -nos cuenta Jenofonte en las Helénicas- comenzó con un guerrero ateniense que, destacándose del ejército demócrata, se dirigió a sus conciudadanos y adversarios de ocasión, en los siguientes términos: vosotros, que sois como nosotros parte de la ciudad, ¿por qué queréis matarnos?. El acuerdo que liquidó aquel conflicto civil se transó con una constitución más moderada. Pero los demócratas vencedores no lo interpretaron como una “venta de principios”, sino como una afirmación del elemento político de concordia a que les había llevado la reflexión sobre su propia tragedia.

Del mismo modo –y contrariamente a lo que ahora nos cuentan- el acuerdo y consenso con el adversario no es hoy, ni tampoco lo fue ayer en la Transición, ninguna “venta” o claudicación de principios. La concordia entre “las dos ciudades” es precisamente el principio y la esencia de la democracia. Porque el pueblo –concluía Prieto (1940) en el remordimiento del exilio- no puede dividirse en dos bandos. Y –reflexionaba Sagasta mucho antes, rectificando ideas y procedimientos radicales ensayados y fracasados- una política de exclusivismo e intransigencia no puede terminar más que por catástrofes. La guerra fue para Prieto una experiencia aleccionadora (1942), pues de su recuerdo pueden derivarse útiles, aunque dolorosas enseñanzas, que, al parecer, le llevaron a seguir las recomendaciones de Esquilo y pensar con cordura, predicando una política de concordia. A ello debía referirse el dramaturgo heleno cuando se encomendó en La Orestiada a aquel dios que dispuso que, en el dolor, se hiciesen los mortales señores de la sabiduría.