La mala salud de Cataluña y el seny de Artur Mas

Más de la mitad de los establecimientos públicos de salud en Cataluña sufrirán este verano recortes en sus horarios de atención al público. En algunos casos, se cerrarán centros de atención primaria; en otros, diversos servicios e instalaciones verán reducidos sus tiempos de apertura. Esta medida obedece al deplorable estado de las finanzas catalanas, herencia directa del tripartito. Así las cosas, al Govern de Artur Mas no le ha temblado el pulso al aplicar la tijera en un ámbito tan delicado como impopular. Y ese rasgo de sentido común es poco frecuente en la política española.

Sensu contrario, José Luis Rodríguez Zapatero lleva casi dos legislaturas sin adoptar iniciativas que pudieran tener un mínimo de contestación social. En una palabra, sin gobernar. Porque precisamente gobernar no es contentar a todo el mundo, sino hacer lo mejor para el interés común, aunque ello resulte poco grato cara a la galería. Yerran, por tanto, los demagogos que ayer mismo auguraban el final del sistema público de salud. La realidad es precisamente la contraria. No sólo en Cataluña y en el resto de España, en toda Europa –Alemania incluida- la única forma de conservar el estado bienestar va a ser, más pronto que tarde, elegir y priorizar; es decir renunciar a algo porque todo no se podrá financiar y, si se intenta, terminaremos por dar al traste con todo. En el caso concreto de Cataluña, podrá haber una mayor incomodidad en lo que a desplazamientos o esperas se refiere, pero son preferibles esas molestias a una suspensión de pagos de la Generalidad. Y conviene recordar que Cataluña tiene la deuda autonómica más alta.

Dicho lo cual, habrá que estar vigilantes a que la atención sanitaria catalana no sufre merma alguna; en cuyo caso, habría que revertirlo todo al instante. De paso, también sería conveniente revisar ciertas frivolidades de Carod-Rovira y compañía, tales como las “embajadas” de Cataluña en el exterior o veleidades semejantes, cuyo elevado precio pagamos todos. Y cuyas consecuencias pagan ahora los ciudadanos catalanes.