La deuda americana: una solución de compromiso

La Constitución de los Estados Unidos se completó en un momento en que las ideas de Montesquieu eran aceptadas de forma general. El ensayista francés quiso racionalizar el gobierno mixto de Inglaterra y dio con una idea, la de la separación de poderes, que no describía bien la realidad inglesa pero que le sería muy útil a los padres fundadores de los Estados Unidos en la concepción de su estructura institucional. En ella, la Cámara de Representantes y el Senado, combinando los criterios de población y representación por Estados, junto con el papel arbitral del Presidente, participan en un juego de compromisos y contrapesos que, grosso modo, ha funcionado correctamente en más de dos siglos y medio. Estos días ese sistema se ha vuelto a poner a prueba, y el resultado parece ser en parte satisfactorio, en parte decepcionante.

Satisfactorio porque se ha podido ver cómo los miembros de ambas cámaras no podían dejar de vigilar su espalda mientras se sentaban a negociar los términos de un eventual acuerdo. A ella miraban los electores, una gran parte de los cuales sabe muy bien que ampliar la deuda llevará a más gasto público y, al final, a mayores impuestos; es decir: menos inversiones que creen empleo. En la organización y canalización de ese sector de la opinión ha estado el Tea Party. Aunque no se ha salido con la suya, ha mostrado la fuerza de una parte de los electores críticos con el despilfarro de Washington y conscientes de los problemas futuros. La independencia americana se luchó recordando que impuestos y representación están íntimamente unidos. La parte de la sociedad civil organizada en torno al Tea Party es la misma encarnación del origen del parlamentarismo, que es el instrumento de la sociedad para controlar los gastos de los reyes, en su origen, de los gobiernos en la política actual. Y por controlar, queremos decir disminuirlos, en lugar de espolearlos, desde la firme convicción democrática que el dinero es de los contribuyentes y no de los gobiernos. Una convicción que participa del principio filosófico democrático de que los gobiernos no pueden proyectar deudas y déficits más allá del electorado que les ha elegido.

Pero en el plano político ha habido también elementos negativos. El principal, el papel jugado por el presidente Barack Obama. En este asunto ha estado representando el papel que, estrictamente, le confiere la Constitución. Pero ha sido un mal árbitro en esta crisis del límite de deuda: ha presionado sólo a un partido, el republicano, al que ha intentado echar encima todas las preocupaciones de la opinión pública, sin reconocer que el problema se origina de un gasto excesivo. Al final su sectarismo le ha convertido en irrelevante en la negociación, que se ha desarrollado sin su concurso.

Desde el punto de vista económico, aunque se salva la situación por el momento, es sólo hasta 2013, cuando se cree que volverá a quedarse obsoleto el nuevo techo de deuda. Se crea una comisión bipartidista, una más, para controlar el desarrollo del plan de recorte de gasto. Un recorte que sólo alcanza 917.000 millones de dólares en diez años, cuando el límite de deuda reconocida está en los 14,3 brillones de euros y la deuda real ronda los 120 billones. Además, los perfiles de este recorte, que debieran precisar en qué se va a recortar, están todavía por describir. En definitiva, es un acuerdo para salir del paso, para no ser partícipes de un fracaso. Pero no se ha reformado el gasto de modo que se pueda recortar de forma sostenida durante las próximas décadas. En sólo dos años nos encontraremos con la misma disyuntiva entre ampliación de la deuda o no que ha secuestrado Washington durante estos meses. Esperemos que entonces otro liderazgo en la Casa Blanca, aunque sea del mismo Obama, dé lugar a un acuerdo con más fundamento y sustancia.