Víctor Morales Lezcano | Miércoles 10 de agosto de 2011
En el período de entreguerras (1919-1939) se abrió paso la noción jurídica de crímenes contra la humanidad y del ejercicio reprobable de la violencia exterminadora. A partir del final de la segunda guerra mundial se procedió a enjuiciar -y a condenar- a los responsables de ambos delitos. De ahí, el procesamiento a las autoridades del “Tercer Reich” alemán en la ciudad de Nüremberg; y de ahí, también, la formulación ulterior de los Derechos del Hombre en 1948.
A partir de entonces, los dictadores y algunos miembros de sus cohortes empezaron a ser reos de actos calificados de atentatorios a las conquistas del Derecho Internacional que se abrieron paso a lo largo del siglo XX. Así lo hemos podido comprobar, luego de cerrado el capítulo de las últimas guerras que han asolado los países balcánicos a la caída del imperio soviético.
Actualmente, nos enfrentamos a una casuística y un escenario diferentes. El escenario se sitúa en el marco del mundo árabe, donde la casuística del ABUSO DE PODER -amén de otros cargos de no menor entidad- y EJERCICIO CRUENTO Y CRIMINAL DE LA REPRESIÓN de los focos de rebeldía anti-régimen, viene generando unas situaciones jurídica y moralmente controvertidas.
Veamos. El régimen de Sadam Hussein y la persona misma del dictador fueron reos de la justicia internacional vehiculada por la asamblea de Naciones Unidas (con más de una reserva, y con no pocas suspicacias), tanto por la ocupación del reino de Kuwait en 1990-1991, como por acusaciones de naturaleza dispar -exterminio de ciudadanos kurdos, y ¡presunta fabricación de armas de destrucción masiva!-.
La guerra contra Iraq que emprendieron Estados Unidos y sus aliados europeos en 2003, castigó a culpables y a inocentes. Se mal ejemplarizó, acometiendo el procesamiento del dictador bagdadí con falta de rigor judicial. Aquello fue un pésimo precedente para la posteridad.
Al estallar las revueltas sociales contra los regímenes de Túnez y Egipto, seguidas de la caída de sendos gobiernos que venían arrastrando una inercia autoritaria a prueba de cualquier desafío interno, o procedente del exterior, hemos asistido todos a la palinodia de enjuiciamiento del ex-presidente tunecino Ben Ali. Se trató de un proceso falto, a todas luces, de las más elementales garantías judiciales. En estas semanas de agosto, se ventilan en El Cairo los cargos contra Hosni Mubarak, otro mastín del presidencialismo a ultranza con quien siempre se mostró indulgente el establecimiento político, económico y jurídico del hemisferio euro-americano.
Los cargos que se aducen contra Mubarak no parecen fruto del rencor, sino del sentimiento acendrado de humillación continua que infligen a los “condenados de la tierra” los poderosos inmisericordes -cuando éstos no son frenados por un sistema de garantías políticas sólido-.
Como apuntaba hace muy pocos días el londinense “The Times”, “el juicio (a Mubarak) ha de agilizarse, pero no ser precipitado”. Y “El Imparcial” añade aquí: ha de tratar de ser estricto, y no falazmente vindicativo.
Pero hay algo más que plantear en estas líneas, puesto que ello se echa encima, tanto sobre los movimientos árabes de protesta política como sobre el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Nos referimos a quién va a procesar y, en qué condiciones, a los dos “forajidos” árabes de turno, todavía presidentes de Libia y Siria: Muhammad al-Gaddafi y Bashar al-Assad. Se trata de dos regímenes que han provocado condenaciones de emanación diferente: Consejo de Seguridad onusino y Centro Internacional para la Justicia Penal. A ellos se han sumado legiones de portavoces más o menos francos en su reprobación del uso de la violencia desenfrenada contra sectores amplios de la población local.
Sobre el abatimiento físico o rendición de Gaddafi se viene especulando desde hace varias semanas en los medios occidentales. En la medida en que la resolución 1973 de la ONU ha perfilado el caso libio, cuesta creer que la justicia internacional admita el empantanamiento de situaciones como la de Libia; sin embargo, la imagen mediática que desprende el foco rebelde que surgió en Cirenaica no puede ser más desafortunada, máxime cuando se le está confiriendo el “rol” de levadura a una alternativa política de reserva.
En cuanto a Siria, donde el clan Assad y sus incondicionales fuerzas de represión, se despachan a su gusto contra un levantamiento popular -como acabamos de comprobar recientemente en las ciudades de Deir al Zur y Hawle-, al hemisferio euro-americano parece no bastarle el llamamiento de Benedicto XVI, la retirada del embajador ¡saudí! de Damasco, y las tribulaciones que está provocando al gobierno turco la implacabilidad con que se despachan política y ejército en varias poblaciones de la Siria rebelde.
Indistintamente de cómo y cuándo se despejen las luchas internas que desangran a Libia y Siria, ¿han pensado los ciudadanos de esos países y las instituciones de justicia penal internacional, sobre cómo afrontar el procesamiento de todos los corresponsables del desatino que tenemos a la vista?
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