Madrid, ciudad privatizada

Al parecer, Milan Kundera consideraba que el sistema comunista imperante en la Europa del Este, antes de la caída del muro en 1989, consistía en una organización “en que todo era al revés, de modo tal que lo privado se convertía en público y, lo público, se privatizaba”.

Pues bien, la ciudad de Madrid lleva un tiempo transitando por el segundo término de la contradicción que denunciaba el escritor checo. En efecto, desde hace ya bastantes años, la ciudad y, sobre todo, su centro histórico, es presa –y sus ciudadanos, rehenes- de todo tipo de manifestaciones y ocupaciones que, con frecuencia, además de invadir el espacio público, impiden la libre circulación de los ciudadanos, que no es precisamente un derecho constitucional menor. El “orgullo gay”, el ganado trashumante, toda suerte de protestas y manifestaciones sindicales, maratones y otras demostraciones deportivas, invaden regularmente las calles de la capital de España, produciendo, cuando menos, un caos circulatorio considerable y toda suerte de molestias a sus sufridos habitantes. Los últimos episodios han sido particularmente preocupantes y han ido a más. Como ha sido denunciado en esta sección, el movimiento del 15M –con independencia de lo justo o injusto, simpático o antipático que pueda resultar- ha ocupado, durante semanas, la Puerta del Sol y otras plazas madrileñas, ante la indiferencia de las autoridades, que ni siquiera obedecieron una resolución del Tribunal Electoral Central, respaldada, nada menos, que por el Supremo. Un hecho gravísimo al que, naturalmente, han seguido otras ocupaciones e interrupciones de órdenes judiciales de desahucio.

En las próximas semanas toca la visita del Papa. Debería ser innecesario subrayar que se trata de un evento de suma importancia. Lo sería en cualquier país. Mucho más en un país, como España, en que el 70% de sus ciudadanos se declara católico. Es además un acontecimiento que proyectará la imagen de la ciudad por todo el planeta. Un reclamo que, por si sólo, bastaría para justificar la inversión de dinero público aportada a la visita. Aunque también están en su perfecto derecho las organizaciones laicas en manifestar su protesta al respecto, sin que por ello se les pueda motejar de anti-nada –como, con toda razón, han tenido a bien en puntualizar sus organizadores.

Fuera ya del argumento económico, que parece menos sólido que respetable, la paralización, prohibición de la circulación y ocupación de todo el centro de la ciudad durante varios días, incluso aunque sean de Agosto, es una determinación fuera de lugar, medida y proporción. A estas disposiciones, que parecen excesivas, cuando no abusivas, se añade la instalación de centenares de confesionarios en el Retiro, el parque público central de Madrid. No parece que en Madrid falten iglesias y lugares de culto, donde los fieles puedan cumplir con el sacramento de la confesión de una manera adecuada; es decir, discreta. Por otra parte –y desde un punto de vista religioso- la exposición pública de algo que conlleva un requisito de intimidad, recato y discreción podría considerarse casi una obscenidad.

Sea como quiera, las autoridades –en este caso, también la jerarquía católica- deberían enfocar este tipo de acontecimientos con especial moderación y discreción. España ha tenido una larga y conflictiva historia de excesos clericales sofocantes, salpicados de estallidos de un anticlericalismo, a veces sangriento y siempre primitivo. En la España de hoy, se trata afortunadamente de un problema superado hace ya mucho tiempo. España es un estado aconfesional donde conviven toda suerte de ideas y creencias civilizadamente. Pero, para que ese ambiente siga siendo una realidad normal sin asperezas, es también necesaria la moderación de aquellos que profesan determinadas creencias, aunque sean mayoritarias; y la firmeza de las autoridades civiles, a la hora de garantizar que lo público sea, en efecto, público.