Zapatero propone la reforma de la Constitución para establecer una regla de límite de gasto y Rajoy lo apoya

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende este martes en un pleno extraordinario del Congreso el último ajuste fiscal aprobado por decreto-ley. Entre las novedades propuestas por Zapatero destaca la reforma de la Constitución para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo. Además, anunció que en el Consejo de Ministros del próximo viernes prorrogará seis meses más la ayuda de 400 euros que reciben los parados sin prestación y que está ligada a la formación.

El Congreso de los Diputados convalidó este martes el último ajuste fiscal del Gobierno -que incluye la rebaja del IVA al 4 % para la compra de vivienda nueva hasta final de año- con el único apoyo del PSOE y con las abstenciones del PP, CiU y PNV. De esta forma, el decreto-ley recibió el visto bueno con 169 votos a favor, 7 en contra y 165 abstenciones.

La norma convalidada recoge asimismo la racionalización del gasto farmacéutico y el aumento de los pagos que las empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros adelantan a Hacienda a cuenta del impuesto de sociedades, medidas con las que se conseguirán ingresos adicionales de más 5.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió durante el debate la necesidad de seguir tomando medidas que apuntalen el objetivo de déficit público en un momento en que la economía mundial se ralentiza y las turbulencias en los mercados añaden incertidumbre a la recuperación económica.

Antes de la votación, Zapatero aseguró que la aprobación del decreto supone una muestra de confianza del Parlamento en la economía española, que confía en que se repita cuando se proponga la convalidación del nuevo decreto-ley que el Gobierno planea aprobar el próximo viernes con medidas para impulsar el empleo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha propuesto esta mañana la reforma de la Constitución para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las administraciones públicas.

Durante el debate de convalidación del dectreto-ley de medidas económicas aprobado el pasado viernes, Zapatero dijo que esta medida ayudaría a "fortalecer" la confianza en la estabilidad a medio y largo plazo en la economía española. Zapatero adelantó que ya ha trasladado esta iniciativa tanto al líder de la oposición, Mariano Rajoy, como al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Considero que es factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la Cámara a que lo concreten en una proposición de ley de reforma constitucional que pudiera ser aprobada de inmediato", subrayó.

Durante el debate, Rajoy ha explicado su apoyo a la reforma por coherencia con propuestas anteriores promovidas por los populares, en las que se apostaba por consensos políticos para que la Constitución recogiera principios de estabilidad presupuestaria. No obstante, ha recordado que él mismo fue objeto de descalificaciones "en toda regla" por apoyar esta reforma en su momento y ha lamentado que el Gobierno no le hubiera apoyado desde el principio.

Horas después, Rajoy ha afirmado que la reforma de la Constitución transmite a Europa "un mensaje de seriedad y confianza". Tras participar en un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el Palacio de Congresos de San Fernando (Cádiz), Mariano Rajoy ha expresado su satisfacción "por este cambio de opinión en José Luis Rodríguez Zapatero" porque "introducir este cambio significa que no volveremos a tener las cifras de déficit que hemos tenido en España".

En declaraciones a los periodistas, Rajoy ha dicho que el apoyo del PP "será incondicional" porque "obligará a todas las administraciones a no gastar lo que no tienen" y a no vivir "por encima de sus posibilidades". El presidente del PP ha abogado por continuar con otras reformas como la laboral, que "permita aumentar la flexibilidad de las empresas" y por elaborar "una ley de emprendedores porque precisamente son ellos los que van a crear empleo en España"

Por su parte, el presidente del Congreso, José Bono, ha advertido al PSOE y al PP de que deberán presentar esta misma semana su propuesta de modificación constitucional, porque en caso contrario no habrá tiempo antes de que se disuelvan las Cortes, en tanto que fuentes de ambos partidos han confirmado que el acuerdo está muy avanzado.

Desde el resto de partidos, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que el cambio se refuerza como "una tendencia necesaria" en Europa, pero que su grupo esperará a "ver de cerca" la letra exacta de la propuesta.

Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares, supondrá "la amputación del Estado del bienestar" y ha comentado que se trata de un tema "lo bastante serio" como para que sea sometido a referéndum ya que convertiría "una Constitución de consenso, en otra de derechas y ultraliberal".

La portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, ha mostrado su desacuerdo porque la propuesta se ha hecho "de forma express" y porque supondrá "amputar" el estado social. El portavoz del BNG, Franciso Jorquera, ha subrayado que sería mejor reformar el Tratado de la UE que la Constitución que, además, se hará "por la puerta falsa".

Para la diputada de CC, Ana Oramas, la reforma de la Carta Magna debería analizarse en un "pleno específico", mientras que el portavoz de UPN, Carlos Salvador, ha indicado que se trata de una reforma constitucional "exprés" que les "imponen". La diputada de UPyD Rosa Díez ha dicho que una reforma es "imprescindible" pero que hay que afrontarla "desde la reflexión común y no con la imposición ajena".

En el mismo pleno, Zapatero ha avanzado que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se prorrogará la ayuda de 400 euros para los parados sin prestación durante seis meses más y se mantendrán las bonificaciones para convertir los contratos temporales en contratos de fomento del empleo estable. También se ampliará el plazo para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) siga pagando ocho días en los despidos objetivos, indemnizados con 20 días por año trabajado.