Virtudes de la competencia política y elogio del señor Zapatero

El profesor Pérez Royo ha señalado con razón que en la historia constitucional española abundan los cambios de constitución pero escasean las reformas constitucionales. Probablemente porque son contadas las constituciones pactadas y consensuadas y sobran las partidistas, donde se confundía la norma normarum con un programa de partido. No es el caso, afortunadamente, el de la actual Constitución española de 1978: una constitución acordada entre la inmensa mayoría de los grupos políticos de entonces. Por eso ha durado más de treinta años.

Iba siendo hora de introducir reformas, la que nos ocupa y otras (del Título VIII) que deberían seguir, con permiso o empezando por derogar –como dice bien el profesor Jorge de Esteban- el artículo 168. En todo caso, la reforma propuesta por el Presidente del Gobierno, y aceptada por el principal partido de la oposición, es de una enorme trascendencia. Es ya positivo en sí mismo el acuerdo al respecto entre los dos grandes partidos y no sólo porque una reforma constitucional requiera un quórum reforzado que hace imprescindible el pacto. El acuerdo en un tema tan central como ponerle un tope constitucional al déficit, en estos momentos de angustiosa crisis financiera, significa enviar una señal de seriedad y compromiso a los mercados (léase, a los ahorradores, pequeños y grandes) de la mayor importancia para un país que debe mucho dinero y que, para irlo pagando, necesita acudir al mercado de capitales a tipos tolerables.

La forma concreta que adopte el acuerdo no es un tema menor, naturalmente. Pero el hecho en si es ya muy positivo. Al ciudadano de pié poco le importa que el primero en proponer una medida de esa naturaleza fuera el señor Rajoy o que, en aquel entonces, tanto el Presidente del Gobierno, como el candidato socialista, señor Rubalcaba, coreado por la actual ministra de Economía, rechazaran la iniciativa entre bromas y burlas. Lo de “yo fui primer” y tu eres un “copi-cat” son tonterías de patio de colegio que poco consuelan a un padre con dos hijos en el paro. Tampoco hace al caso que el señor Zapatero haya dado este paso positivo en su pulso particular con (o contra) el candidato de su propio partido. La competencia es sana y, con frecuencia, en política se obtienen frutos de acciones no planeadas pero si celebradas en sus consecuencias no intencionadas. Es también desenfocado ver en el gesto una imposición de la señora Merkel. En la Eurozona hay países acreedores y países deudores. Y España –léase, los españoles, aún más que la administración- no está precisamente entre los primeros. En consecuencia, era de esperar que los acreedores impusieran determinadas condiciones a los deudores. Que a eso se le llame intervención, abierta o encubierta, es lo de menos. Lo central es que todos aprendamos que las deudas hay que pagarlas, las públicas y las privadas.

En este sentido, conviene que nos vayamos enterando que esto de la democracia es un sistema muy exigente. Conlleva responsabilidades, en la misma medida que derechos. Autogobierno significa, eso: empezar por moderarnos a nosotros mismos. Y debe seguir por recordar que los parlamentos, congresos y demás cámaras de representación ciudadana, se inventaron para controlar –léase, embridar- el gasto público, no para espolearlo y aumentarlo. Por eso, la ley económica más importante de una democracia es la presupuestaria, donde se votan los impuestos. ¿Todos? Desgraciadamente, todos no. El déficit (y la inflación) que es un impuesto regresivo, no se vota. Se traslada de una legislatura a otra sin el acuerdo de los electores ni de sus representantes. Por eso, el déficit es, por definición, anti-democrático. Y la medida propuesta por el señor Zapatero –en donde por vez primera no hay mímica teatral y mediática- un acierto del que todos debemos felicitarnos porque, en principio, debería permitir la fiscalización y el control del gasto en la administración. A cualquier nivel. En este sentido, se comprende –aunque no se comparta- que quienes prosperan incrementando rentas fiscales (o de poder) estén en contra de una medida destinada a devolver a los contribuyentes un dinero con el que se crearán más puestos de trabajo, que es lo que interesa a la generalidad de los ciudadanos no especialistas en la intriga política.