Algunos socialistas se rebelan contra las matemáticas

La propuesta de reforma constitucional del presidente Rodríguez Zapatero ha destapado la profunda división interna en su propio partido, que hasta ahora se había mantenido encubierta en momentos clave como la elección del candidato a los próximos comicios y que solo se venía manifestando en síntomas más o menos disimulados, como era el goteo de deserciones para no figurar en las listas electorales. Ahora la ruptura interna ha adoptado, por el contrario, un tono estridente y crispado. Como ha informado este periódico, destacadas figuras del partido en el Gobierno, como el ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, dicen no compartir un cambio constitucional que impida el endeudamiento de las Administraciones. En la misma dirección se manifestaron el lendakari Patxi López y el líder del PSC en el Parlamento catalán, Joaquín Nadal. También el ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, quien sostiene que “no lo entiende”, y el líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, al afirmar que es “una barbaridad”. Por su parte, Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC.OO., ya ha adelantado que votará en contra. Esta insubordinación interna posee múltiples causas, y todas ellas entroncan con los malos modos de ejercer la política instalados desde hace años en nuestra vida pública.

Ante todo, la modificación de la Carta Magna presupone un acuerdo entre los dos grandes partidos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Algo prácticamente inédito en las dos últimas legislaturas, caracterizadas por una confrontación destructiva entre ambas formaciones. Si algo se debiera lamentar es que haya habido que esperar a una situación límite de nuestra economía, al borde de la intervención y la bancarrota, para llegar a un pacto de Estado. Roto el atrincheramiento, deberíamos esperar que la búsqueda del consenso en las grandes cuestiones de la Nación sea, a partir de ahora, el comportamiento de los líderes políticos, sin que se vean impelidos a ello por graves situaciones. La Constitución, con toda probabilidad, requerirá otras modificaciones puntuales, inabordables sin ese espíritu de consenso.

No menos negativo ha sido crear entelequias demagógicas como la utilización despectiva y pueril de la expresión “los mercados” (que debe traducirse, en realidad, por los ahorradores que prestan dinero a un país que lo necesita angustiosamente), o estereotipos grotescos como “los caprichos de la señora Merkel” (un país acreedor a quien pedimos que compre nuestra deuda). Dos chivos expiatorios o cabezas de turco a los que aluden insistentemente los discrepantes del propio PSOE, precisamente para no afrontar nuestras responsabilidades ni asumir la situación real a la que hemos llegado. Habrá que recordar que Europa ha ayudado generosamente a España y que las instituciones de la Unión Europea nos han servido extraordinariamente para nuestro crecimiento y bienestar. También que nuestra clase política ha gastado irresponsablemente cantidades ingentes de dinero en todos los niveles de la Administración y ha sido incapaz de hacer reformas en profundidad ante un descalabro más que previsible. Y eso no es más que una parte relativamente pequeña de nuestra deuda, cuyo principal monto hay que buscarlo en nosotros mismos: la deuda privada de ciudadanos particulares y empresas españolas. No son “los mercados” los que obligan a un cambio en nuestra Constitución, sino la responsabilidad que todos tenemos de rectificar los errores cometidos. “Los mercados” no son una confabulación que conspira en la sombra –idea paranoica- sino los ahorradores, pequeños y grandes, a los que pedimos prestado un capital que hemos de devolver. Por el mismo motivo, la reforma constitucional que acometemos no se debe a “caprichos de la señora Merkel”, sino a la responsabilidad con la que debemos corresponder a la ayuda europea recibida.

Es más que probable que el Banco Central Europeo haya influido en la iniciativa del presidente Rodríguez Zapatero, pero es lógico y asumible que ayudas y préstamos de tal cuantía se vean acompañadas de medidas de control y fiscalización. En otras palabras, las deudas hay que pagarlas –las públicas y las privadas- y, no sólo en España, en toda Europa, debemos ir haciéndonos a la idea de que, si queremos conservar y apuntalar parte del estado de bienestar, debemos elegir qué parte porque el corolario de elegir es renunciar a algo para conservar lo principal. La pataleta no sirve de nada porque es inútil rebelarse contar las matemáticas, en la medida que la realidad impone el ajuste de todas maneras, a nosotros sólo nos queda el hacerlo menos traumático. Que no es poco. La clase política que hoy agita tales espantajos desde las filas socialistas es la misma que no tuvo altura de miras ni el coraje de afrontar a tiempo la actual crisis, y su reacción parece revelar que ni aún hoy arrostra radicalmente el fondo de la cuestión.

A pesar de lo singular de los avatares que llevan a un cambio constitucional en tan breve tiempo, lo que debe prevalecer es la limitación de la deuda y del déficit en todas nuestras Administraciones, que es una medida inaplazable. Esperemos que sin una letra pequeña que permita hacer trampas a la ley, desvirtuándola. Una vez culminada la reforma, resultaría preciso pensar en las disposiciones que obliguen a su cumplimiento, así como en las posibles sanciones a quienes se nieguen a hacerlo. No sería la primera vez que una norma de la Carta Magna o una sentencia del Tribunal Constitucional son ignorados sin consecuencias.