Operación bikini: la Administración se prepara para adelgazar

Los dos partidos mayoritarios lo han admitido a su manera: a la Administración le sobran kilos, tiene ‘michelines’ que, con la deuda soberana española en entredicho, cuestan muy caros. De hecho, el goteo de declaraciones de PSOE y PP hace pensar que cada vez está más cerca una ‘operación bikini’ que reduzca el tamaño del sector público.

El rescate de la deuda soberana italiana y española ha venido seguida por sendos planes de ahorro en ambas naciones. En Italia, ha conllevado la reducción de ayuntamientos, con 1.500 municipios fusionados, y de 36 provincias, lo que se traduce en unos 54.000 empleos públicos menos. No es una medida nueva: “En Grecia se eliminaron los ayuntamientos por debajo de los 10.000 habitantes”, explicó a El Imparcial Federico Castaño, autor de ‘El despilfarro. La sangría de la España autonómica’, “mientras que en España hay 8.116 ayuntamientos y el 85% tienen menos de 5.000 habitantes”. Así pues, en la opinión de Castaño, los despidos en ayuntamientos y comunidades autónomas son convenientes, debido a que sus plantillas se encuentran “muy hinchadas”.

Las medidas emprendidas en España, al igual que en Italia, van encaminadas a establecer un techo de déficit en la Constitución. Pero, a diferencia de la península vecina, no se ha emprendido un recorte de la Administración.

A pesar de ello, el debate ha saltado a la palestra, y PSOE y PP han dado su visión sobre posibles recortes en la triple Administración –estatal, autonómica y municipal-, además de en las empresas y otros organismos vinculados al ente público. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha optado por las cifras redondas y ha lanzado el debate sobre la supresión de los altos cargos de las Diputaciones. Así, el Erario Público ahorraría 1.000 millones de euros, al suprimir a 1.000 altos cargos, según los cálculos de Rubalcaba. Es decir, a millón de euros anuales, por tanto, por cada gestor ‘prescindible’.

También lanzó el debate el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, quien aseguró la pasada semana que el PSOE se ha dedicado estos años a “inflar” las plantillas de empleados públicos, convirtiendo muchas empresas públicas en “agencias de colocación”. Por eso, aclaró Montoro, una de sus propuestas a poner en práctica tras las elecciones del 20 de noviembre es “depurar” esas plantillas públicas. El responsable de Economía del partido de la oposición quiso matizó que no se trata de un plan de recorte, sino de “reordenación”. El equipo de Montoro, preguntado por El Imparcial, todavía no ha contestado, al cierre de esta edición, sobre el alcance puede tener el recorte que, de ganar las elecciones, aplicaría el Partido Popular.

El mensaje de Montoro se ajusta al que prometió Mariano Rajoy en la investidura de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha. “Vamos a hacer gobiernos austeros, con menos personal y con menos cargos”, dijo entonces el presidente del PP.

Las Comunidades toman la delantera
El Partido Popular hizo bandera de la austeridad, una de las claves del programa económico que presentó Mariano Rajoy, en la campaña de las elecciones autonómicas. Asi, tras la victoria de los populares, los nuevos cargos electos han emprendido el ‘adelgazamiento’ de la Administración.

En Extremadura, el popular José Antonio Monago ha iniciado un plan de ajuste que reduce a la mitad los altos cargos, las empresas y organismos públicos. Asimismo, las consejerías pasarán de once a siete.

En Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal también ha emprendido un programa de recortes que pasan por reducir en un 60 por ciento el número de cargos del Gobierno de la comunidad castellano manchega, además de suprimir varios organismos públicos.

En Aragón, Luisa Fernanda Rudi aseguró que suprimirá el 25% de los altos cargos de la Diputación General de Aragón y el 40% de los asesores del Ejecutivo. Además, prepara un plan de saneamiento del sector público empresarial.

Aunque la aplicación de la austeridad prometida no sólo se perfila en las autonomías que el PP ‘conquistó’ el pasado mayo. En la Comunidad Valenciana también suenan posibles despidos: el diputado socialista de las Cortes Valencianas, Rafael Rubio, acusó al consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela (PP), de “amenazar a los funcionarios con despedirlos”, en una alusión a la “reestructuración y ordenación de plantillas” anunciadas por el consejero. Sin embargo, Vela se defendió asegurando que no había amenazado a nadie “y menos aún a los funcionarios”, y concretó que se reuniría en septiembre para analizar las medidas de ajuste con los empleados públicos.

El tamaño del sector público en España
El sector público en España cuenta con 2.680.219 trabajadores, según los últimos datos computados en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 2010. De ellos, la mitad, 1.346.826, trabaja para las comunidades autónomas. En la Administración local trabajan 632.719 personas, frente a las 597.021 que lo hacen en la Administración estatal.

Según estos datos, toca a más de un funcionario por cada seis trabajadores en el sector privado. Asimismo, cada funcionario tiene al cargo a unos 17 españoles.

Las plantillas de las entidades públicas empresariales cuentan con 56.617 efectivos según el Boletín Estadístico, mientras que las consejerías de las comunidades autónomas cuentan con un personal de 246.354 empleados. En cuanto a la administración local, los ayuntamientos emplean a 556.568 personas y las diputaciones, cabildos o consejos, con 76.151.

En cuanto a las acusaciones de que durante la era socialista se han hinchado las plantillas públicas, según el Boletín Estadístico en enero de 2004 había 2.353.080 empleados al servicio de la Administración, mientras que a julio de 2010, el último dato computado, llegaban a los 2.680.219, por lo que entre ambas hay 327.139 empleados más al servicio público. En este intervalo de tiempo, el mayor incremento se ha producido en las comunidades autónomas, que han pasado de tener 1.159.951 empleados a 1.346.826.

Sin embargo, parece que tras el 20 de noviembre esta tendencia a aumentar el tamaño de la Administración podría cambiar. Según Castaño, autor de ‘El despilfarro’, “tras las próximas elecciones generales habrá agua en la piscina para que los partidos lleguen a un gran pacto de Estado que reordene el sistema autonómico y que corrija las asimetrías que hemos conocido en las últimas décadas”.