El electoralismo ferroviario de José Blanco

Tras paralizar, no hace mucho, un buen número de infraestructuras a causa de la crisis, el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, se descolgaba ayer con unas sorprendentes declaraciones en Vigo acerca de la conexión de AVE entre Galicia y Madrid. Según Blanco, se trata de “prioridad”, por lo que “"no valen excusas de limitaciones económicas”, añadiendo que “si algún otro aspira a gobernar, debe comprometerse con esta infraestructura”. El ejercicio de irresponsabilidad tanto política como presupuestaria del titular de Fomento es sólo comparable a su desfachatez a la hora de hacer promesas al socaire del calendario electoral.

Antes de que gobernasen los socialistas en Galicia, la antecesora de Blanco, Magdalena Álvarez, cerró el grifo de las inversiones en aquella comunidad; grifo que se abrió nuevamente durante los cuatro años que Emilio Pérez Touriño estuvo al frente de la Xunta, promesa de AVE incluida. Pero, al ganar el PP por mayoría absoluta en las últimas autonómicas, la situación volvió a sus inicios y Galicia se quedó sin AVE. Ahora, Blanco, que ve en horizonte una más que previsible victoria popular, pretende dejar al partido de Rajoy el mayor número posible de hipotecas, al tiempo que le pone en un brete, exigiéndole que prometa un AVE que él (Blanco) les había negado un par de veces.

El problema es que, en efecto, el AVE es muy cómodo. Pero hay que pagarlo. Y cada kilómetro de alta velocidad cuesta mucho. Al igual que aeropuertos infrautilizados, administraciones sobredimensionadas y partidas de gasto sin fiscalizar que han coadyuvado de manera determinante en el actual clima de asfixia financiera. Por eso, resulta de vital importancia embridar el gasto público. Podrá debatirse sobre si el acuerdo parlamentario PP-PSOE ha tenido el revestimiento formal adecuado, aunque nadie podrá negar su aptitud en lo que al fondo de la cuestión se refiere. En este sentido, conviene recordar que ya existía un control del déficit en tiempos de José María Aznar; control que José Luis Rodríguez Zapatero se apresuro a quitar en cuanto llegó al poder. Entonces no era preciso recurrir a la Constitución, pues había un Ejecutivo que actuaba. Hoy sí. Para evitar que la deuda pública siga desbocada. Y para impedir que se siga haciendo electoralismo de salón con infraestructuras y demás cuestiones que a todos afectan.

Dicho esto, los ciudadanos españoles son muy libres de tener el segundo país con mayor extensión de alta velocidad del planeta pero deben ser conscientes que les ha llegado la hora de elegir; es decir, renunciar y decidir qué consideran prioritario en sus gastos e inversiones. Porque todo, es imposible. En España, políticos y ciudadanos deben terminar de una vez con los reproches, promesas y brindis al sol, para entender que forman parte de un país severamente endeudado y que, por muchas contorsiones que hagan, no van poder escapar al pago de sus deudas. La única opción que tienen –que no es poca- es hacerlo de la manera más económica posible y a los tipos de interés más favorables, si son capaces de convencer a los prestamistas de su solvencia y seriedad.