Más vale tarde…

La reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP ha sorprendido por las circunstancias en que se ha producido, especialmente por el momento, en vísperas casi de unas elecciones generales y cuando parecía que esta legislatura ya no daba más de sí. Reforma inesperada pero absolutamente necesaria en el contexto de crisis en que nos hallamos. Intentar poner freno al despilfarro a iniciativa del Gobierno más despilfarrador de la democracia viene a ser toda una ironía de la historia. Sorprendente también porque, dado el alejamiento entre los dos grandes partidos nacionales y la declarada y reiterada voluntad de exclusión del PP por parte del PSOE, nadie habría apostado por un pacto entre ambos y menos un pacto de índole constitucional, a estas alturas de una agonizante legislatura. Que Zapatero se haya plegado a una medida propuesta hace tiempo por el PP y descartada y ridiculizada desde el PSOE, muestra que las presiones recibidas por parte de los dirigentes europeos más relevantes, más las procedentes de los mercados (esa entidad que tan nerviosos pone a la izquierda) tienen que haber sido tan fuertes como irresistibles. Aunque no conozcamos los detalles, que un avergonzado Gobierno no se atreve a hacer públicos. Tan perentorias han sido las exigencias que Zapatero no ha podido refugiarse en una de sus tácticas más conocidas:”El que venga detrás-… que arrée”.

El todavía presidente del Gobierno ha comprendido, demasiado tarde, que la pertenencia de España a la UE y al euro, comporta unas obligaciones cuyas exigencias, envuelto como estaba en su radicalismo utópico, no había captado hasta ahora en toda su dimensión. No hace falta recordar que el destino de España está indisolublemente unido a la empresa europea ni pasar revista a los enormes beneficios que nuestro país ha recibido por esa pertenencia. Es la hora de actuar con seriedad asumiendo compromisos que en sí mismos no son ninguna varita mágica, pero que ayudarán a superar esta crisis que no cesa. Y, desde luego, no es el momento ni de evocar otras posibles o necesarias reformas de la Constitución –tiempo habrá- ni de exigir la convocatoria de un referéndum que no es preceptivo según la misma. La nuestra, como todas las europeas, es una democracia representativa y, como en ellas, el referéndum es una institución tasada, cuyo uso es y debe ser siempre muy limitado, como muestran los mejores análisis de la ciencia política. Es la práctica normal. Hace bien poco, en julio de 2008, se ha producido una importante reforma de la Constitución francesa (nueve nuevos artículos y modificación total o parcial de treinta y nueve) y se ha hecho por el procedimiento paralelo al que aquí se va a utilizar y que allí se hace en sesión conjunta de la Asamblea Nacional y del Senado, que deben aprobar la propuesta de reforma por tres quintos de los votos emitidos. Sin poner patas arriba al país con referendos innecesarios.

Hay quien sueña con referendos para casi todo o aspiran a una “democracia tuiterizada” o ciberdemocracia en la que las redes sociales, tan valoradas en la actualidad, harían prácticamente innecesarios a los Parlamentos. Los Parlamentos -no lo olvidemos- han sido odiados desde lo años treinta del siglo pasado por todos los totalitarismos, manifiestos o encubiertos, una de cuyas señas de identidad ha sido siempre el antiparlamentarismo. Y el antiparlamentarismo ha sido siempre la antesala del fascismo. Esas hipótesis son cesiones ante un peligroso populismo y no supondrían ningún avance sino un claro retroceso. A esta misma conclusión tuvieron que llegar ya hace años quienes soñaban con que la televisión interactiva podría ser una vía para una democracia directa (F.C. Atherton: Teledemocracy. Can Technology Protect Democracy? Sage, 1987). Y muy parecido era el punto de vista de Giovanni Sartori, criticando lo que él llamaba el “directismo” (saltarse la representación para hacer experimentos de democracia directa), en una conferencia que pronunció aquí mismo en Madrid, hace algunos años.

Poner coto al despilfarro y al endeudamiento irresponsable no es tarea fácil pues bien por razones ideológicas, como les ocurre a muchos socialistas, bien por claros intereses de poder, como es el caso de los nacionalistas, la oposición al rigor presupuestario es muy amplia. La idea de que el endeudamiento del Estado resuelve los problemas en situación de crisis es muy vieja y dio origen a la gastada ortodoxia keynesiano-socialdemócrata, que se resiste a desaparecer, pues todavía algunos la consideran una panacea. A pesar de que sus resultados han sido siempre catastróficos. Todavía algunos echan mano del New Deal rooseveltiano como ejemplo de lo bien que funciona esa doctrina. Pero hoy todos saben que aquello fue un fracaso, muy bien disimulado por una eficaz propaganda. “En 1939, el producto interior bruto de Estados Unidos seguía estando por debajo de los niveles de 1929”, recuerda Max Hastings en un libro reciente (La guerra de Churchill. Crítica, 2010). Y, tras recordar que durante los dos primeros años de la II Guerra Mundial la ayuda americana a Inglaterra hubo que pagarla al contado, este mismo autor añade: “Cabría afirmar… que Gran Bretaña acabó con sus reservas en oro y divisas extranjeras para financiar el resurgimiento de los Estados Unidos después de la Depresión”. Tuvo que llegar la tesis de la “public choice” de Buchanan para recordarnos algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Esta reforma de la Constitución, por otra parte, puede ser un primer paso para poner orden en el desmadre autonómico, que hoy día ya nadie puede negar y debe utilizarse para imponer la necesaria responsabilidad en tantos dirigentes autonómicos que funcionan como “si todo el monte fuera orégano” y no tienen otra motivación política que un egoísmo insolidario, que exhiben con la mayor de las desvergüenzas. Se impone una revisión a fondo del reparto de competencias entre las diferentes administraciones para racionalizarlas y para evitar duplicaciones. Se impone acabar con ese proceso de vaciamiento del Estado y definir adecuadamente el autogobierno. A partir, sobre todo de una idea clave: No es cierto que cuanto más autogobierno mejor y más democracia. El autogobierno es positivo, pero a partir de un determinado límite se convierte en negativo para todos, incluidos los que lo postulan. Y sería bueno que el PNV dejara de decir tonterías, como esa exigencia de autodeterminación, que ni cabe en la Constitución ni ha tenido nunca vigencia en España. Y que los nacionalistas catalanes recuerden que no hay más soberanía que la que reside en el conjunto del pueblo español. Si, responsablemente, dejamos las estupideces a un lado y recordamos que una cosa es autonomía y otra muy distinta, soberanía, sería bueno para todos. Los esfuerzos inútiles producen melancolía. Y más vale dedicar esos esfuerzos a tareas más positivas para el con junto de los españoles.