Oportunidad de la reforma constitucional

Las dos legislaturas en que José Luis Rodríguez Zapatero ha presidido el Gobierno se han caracterizado por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, en la mayoría de los temas de Estado, incluidas la política internacional, la política antiterrorista –especialmente durante la primera legislatura–, la política autonómica –sobre todo en lo referente a la reforma estatutaria catalana– o la imprecisamente llamada memoria histórica. Han faltado acuerdos en cuestiones tan importantes como la educación, la I+D+i, la política fiscal o la reforma laboral. La responsabilidad por la falta de acuerdos es compartida. Exageran los unos y los otros cuando intentan descargar todas las culpas sobre el contrario. El desacuerdo continuo, y continuamente escenificado en los medios de comunicación –mucho más, desde luego, que los acuerdos parlamentarios más o menos frecuentes–, destaca aún más cuando todos los estudios demoscópicos muestran la opinión favorable de la mayoría de los españoles a que PSOE y PP lleguen a acuerdos en los temas enumerados.

A pocos meses de unas elecciones preconvocadas, el presidente del Gobierno ha pactado con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y con el líder de su propio partido y candidato socialista en las próximas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, una reforma constitucional que se tramita en las Cortes a toda prisa. No hace falta recordar que la Constitución es la norma fundamental de un Estado democrático porque a ella se someten todas las otras normas y que, por lo tanto, cualquier modificación de la misma requiere que se medite serenamente su alcance y consecuencias, y un amplio consenso.

No voy a entrar aquí en el contenido de la reforma, que, en términos generales, no me parece mal y que es posible que consiga tranquilizar a los inquietos mercados aunque su objetivo último se transfiera a una Ley Orgánica, la cual se tendrá que aprobar antes del 30 de junio del año próximo, según establece la propia reforma en una disposición adicional, y aunque este objetivo esté previsto que se cumpla en una fecha tan lejana como el 2020.

Me interesa destacar dos aspectos. El primero es que, a pesar de la redacción etérea –pues las precisiones llegarán en la Ley Orgánica–, en tanto que el nuevo artículo de la Constitución remite a los márgenes establecidos para el déficit estructural por la Unión Europea nos podemos encontrar con una vulneración constante de la Ley Fundamental, cuyas consecuencias son imprevisibles porque el déficit estructural no se puede corregir de un día para otro. Tenemos ya el ejemplo de cómo la situación de la economía ha hecho saltar todas las costuras de los límites establecidos por la Unión para el déficit público y la deuda pública, que se pensaron sin prever las consecuencias de una crisis económica como la actual.

El segundo aspecto a destacar es el de la oportunidad de la reforma. Tal y como se ha planteado no parece responder a un estudio profundo de sus consecuencias –de ahí la crítica que ha suscitado en la izquierda, incluso dentro del propio PSOE, y en los partidos nacionalistas, que entienden que se ha roto el pacto constitucional– sino al intento de tranquilizar a los mercados, a las agencias de calificación y al Gobierno alemán. Insisto que esto puede ser loable, y que Rajoy había propuesto una reforma similar, aunque más restrictiva, hace más de un año, según el modelo de Alemania.

Desde hace mucho tiempo el Consejo de Estado tiene elaborado un brillantísimo informe sobre las necesarias reformas de la Constitución para ajustar la misma a un Estado autonómico de tendencia federalizante, cuyo desarrollo y funcionamiento escapaban al legislador en 1978, y, para entre otras cosas, evitar la propia inconstitucionalidad de la Constitución al favorecer al varón en la sucesión al trono.
La reforma que se plantea ahora es muy importante por sus consecuencias para la política presupuestaria y, además, pone también límites a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales en esta materia. Resulta significativo que el presidente que más ha concedido a las Comunidades Autónomas, muy relevantemente en aspectos simbólicos que han traído la aún por digerir sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, sea el que más freno va a poner a las mismas en materia económica, elevándolo además a rango constitucional. No es extraño que los nacionalistas hayan puesto el grito en el cielo. Pero, ¿y si las Comunidades deciden saltarse el límite del déficit estructural en sus “decisiones presupuestarias” y sus actuaciones caen en inconstitucionalidad? Será una fuente más de controversia constante entre el Estado y las Autonomías.

Finalmente, ni el PSOE ni el PP parecen estar dispuestos a someter la reforma a referendo, aunque en sus manos tienen esta posibilidad. Sería una forma de responder a la invocación de una democracia más participativa que piden cada vez más ciudadanos, pero los grandes partidos no parecen haber aprendido nada del fondo de justicia que hay en muchas de las reivindicaciones del 15-M. Quizá teman que el resultado del referendo no fuera favorable a su propuesta y esto podría desestabilizar aún más la economía española, con imprevisibles consecuencias sociales. Mas, en un estado democrático, ¿qué es más importe: la circunstancial economía o la norma fundamental que regula jurídicamente la convivencia?